Culiacán, Sinaloa.- Organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Sinaloa acusaron al Congreso del Estado de simular apertura en el proceso de armonización de la Ley de Transparencia, al no garantizar condiciones reales de participación ciudadana ni un proceso técnico y deliberativo.
La preocupación se intensificó tras la cancelación de la mesa de trabajo acordada con colectivos, así como por lo que consideran un respaldo preferente a la iniciativa promovida por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
“El miércoles 17 nos escribieron en un correo que, de acuerdo al artículo 70 de la Ley Orgánica, la construcción del decreto solo la hará la Comisión de Transparencia… con esto se cancela la reunión que hoy estaba programada y parece ser que los trabajos también”, señaló Ximena con X, fundadora del colectivo Tacuichamona MX.
Desde hace más de un año, señalaron las organizaciones, han solicitado a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Transparencia su inclusión efectiva en el proceso legislativo. Sin embargo, los espacios abiertos han carecido de metodologías claras y de mecanismos verificables que garanticen que sus propuestas incidan en el dictamen final.
El pasado 1 de junio, en reunión con la diputada María Teresa Guerra Ochoa, entonces presidenta de la Jucopo, se acordó instalar una mesa de redacción conjunta. Aunque se realizaron tres reuniones con la Dirección de Dictámenes, las organizaciones denunciaron que no se ha presentado un proyecto de dictamen, ni definido un calendario público, ni aclarado si sus propuestas serán incorporadas o descartadas.
También criticaron la actuación del diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Comisión dictaminadora, al considerar que no ha garantizado un proceso abierto.
“Su respuesta fue no colaborar con sociedad civil ni permitir incidir en el proceso legislativo”, afirmó Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa A.C.
Las organizaciones advirtieron que la iniciativa del Ejecutivo contiene posibles retrocesos, como ampliar los tiempos de respuesta a solicitudes de información y reducir obligaciones de transparencia.
“La participación ciudadana no puede reducirse a engrosar una propuesta previamente definida”, sostuvo Ximena.
Por ello, exigieron al Congreso publicar el avance del dictamen, establecer una mesa vinculante con sociedad civil, aprobar una metodología clara, definir un calendario público y garantizar que no se vote ninguna propuesta sin concluir el proceso deliberativo.
Finalmente, hicieron un llamado al nuevo presidente de la Jucopo, el diputado Eligio López Portillo, para retomar el diálogo y asegurar un proceso transparente.
Advirtieron que la armonización de la Ley de Transparencia no debe realizarse mediante ejercicios cerrados o simulados, sino bajo principios de máxima publicidad, participación sustantiva y no regresividad.
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