Culiacán, Sinaloa.- La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Sinaloa continúa en proceso de análisis y aún no cuenta con dictamen, luego de que el Congreso del Estado acordara ampliar el diálogo con distintos sectores como activistas, defensores de derechos humanos, colectivos y asociaciones civiles.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), María Teresa Guerra Ochoa, informó que ya se realizó una primera reunión el pasado lunes y que se prevé llevar a cabo entre dos y tres mesas de trabajo adicionales.
“Hubo un buen diálogo y el acuerdo es continuar con mesas de trabajo para incorporar algunos de los planteamientos que ellos han hecho”, señaló.
Explicó que los grupos participantes harán llegar observaciones específicas sobre diversos apartados de la iniciativa, particularmente en aquellos que consideran deben fortalecerse o ajustarse.
Entre los puntos que se mantienen firmes, destacó la propuesta de que el órgano garante de transparencia opere como un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Transparencia, esquema que, indicó, no tendrá modificaciones.
Sin embargo, subrayó que existe apertura para revisar otros contenidos de la ley, incluyendo disposiciones que ya estaban contempladas previamente y que podrían reincorporarse para robustecer el marco normativo.
Hasta ahora, el dictamen no ha sido elaborado, ya que el proceso se mantiene en etapa de análisis y construcción de acuerdos.
Sobre los tiempos, Guerra Ochoa precisó que no existe una fecha límite formal para su aprobación, aunque estimó que podría resolverse antes del 31 de julio, cuando concluye el actual periodo legislativo.
“Ahorita estamos en tiempo todavía”, concluyó.
Es necesario recordar que el pasado 19 de mayo, el Congreso del Estado realizó un encuentro con sociedad civil y sector privado para discutir la ley, la cual concluyó abruptamente tras no lograr un acuerdo y acusar de que esta ley era una que no garantizar el derecho a saber.
Luego de diversos señalamientos y posicionamientos de organizaciones civiles, el legislativo optó por aplazar su aprobación con el afán de recibir propuestas que refuercen la iniciativa presentada por el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
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