Culiacán, Sinaloa.- La llegada de Eligio López Portillo a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Sinaloa encendió alertas entre organizaciones civiles, que advierten un posible conflicto de interés por su cercanía con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en un momento clave para la discusión de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante una rueda de prensa, representantes de la sociedad civil cuestionaron si el ahora coordinador del grupo parlamentario de Morena podrá actuar con imparcialidad, especialmente ante los pendientes que dejó la salida de María Teresa Guerra Ochoa, entre ellos acuerdos relacionados con la construcción de una legislación en materia de acceso a la información.
Para Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa A.C., el vínculo personal entre López Portillo y Rocha Moya podría colocar en desventaja las demandas ciudadanas.
“Que prevalezca el interés ciudadano sobre estos intereses políticos personales, porque está en juego una iniciativa que busca garantizar el acceso a la información pública… Que nos demuestre que va a estar del lado de la ciudadanía”, expresó.
Por su parte, Emanuel Espinoza Salcido, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), señaló que la solicitud de licencia de Guerra Ochoa dejó inconclusos acuerdos construidos con organizaciones, particularmente en torno a la nueva Ley de Transparencia.
“Se habían establecido compromisos a partir de exigencias ciudadanas, pero con su salida quedaron en el aire”, dijo.
En este contexto, advirtió que la llegada de un perfil cercano al Ejecutivo estatal no ofrece garantías de continuidad ni apertura en el proceso legislativo. Como ejemplo, mencionó el caso de la Comisión de Transparencia, donde -aseguró- su presidente, Rodolfo Valenzuela Sánchez, cerró recientemente el paso a la participación de organizaciones civiles.
“Tuvo todo el tiempo para cumplir esos acuerdos, para dar las órdenes pertinentes y no las dio… Sabemos que las órdenes de Rodolfo Valenzuela se las daba Tere Guerra, sabemos que las órdenes de ella se las daba Rubén Rocha Moya y este respondía a la federación, no queremos que pase lo que en otros estados con esta ley”, afirmó.
Las organizaciones insistieron en que el proceso de construcción de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública requiere apertura real, participación efectiva y garantías de que las propuestas ciudadanas serán tomadas en cuenta, en un contexto donde -señalan- prevalece la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el Congreso.
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