Culiacán, Sinaloa.- La pensión por retiro anticipado de Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación en Sinaloa, señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, llegó al Congreso del Estado mientras viudas de policías asesinados continúan esperando que se dictamine la pensión por defunción de sus esposos.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo y leída ante los diputados locales el pasado 18 de junio, fue cuestionada por la asociación civil Viudas e Hijos de Policías Asesinados, que señaló que este trámite puede tardar hasta dos años para las familias de elementos caídos.
“Para él sí hubo voluntad. Se elaboró una iniciativa y se envió al Congreso. Mientras tanto, hay viudas y huérfanos esperando durante años. Eso es lo que nos da coraje, nos duele y nos da tristeza, porque pareciera que para unas personas sí hay rapidez y para otras no”, dijo Andrea Félix, presidenta de la asociación civil Viudas e Hijos de Policías Asesinados.
La solicitud de Alberto Jorge Contreras Núñez es por retiro anticipado e intenta conseguir 67 mil pesos como pensión.
Por otro lado, las viudas y huérfanos solo pueden aspirar al equivalente al 100 por ciento del salario que ganaba el elemento al momento de su muerte, aunque esta debe actualizarse conforme aumenten los sueldos de los policías activos.
Según la activista, la inconformidad no radica únicamente en el monto de la pensión solicitada por el excomisario, sino en la rapidez con la que avanzó el trámite en comparación con los casos de policías asesinados.
Para acceder a las prestaciones que les corresponden por ley, explica Andrea en entrevista para ESPEJO, tienen que pasar por un largo proceso administrativo en distintas áreas del Gobierno del Estado antes de llegar al Congreso local, lo que puede retrasar la aprobación de las pensiones entre uno y dos años.
Un proceso que viven al mismo tiempo que sobrellevan a su luto.
“Puede pasar hasta un año y medio o dos años para que una pensión sea dictaminada. El expediente pasa por Recursos Humanos, por la Procuraduría Fiscal, por el área jurídica, por la firma de la gobernadora y luego llega al Congreso. En cada etapa puede quedarse detenido el tiempo que ellos quieran.
No te dejan vivir tu duelo como debe ser, porque o vives el duelo o sales a exigir lo que por ley te corresponde. Es lo que están enfrentando ahorita las familias y lo que hemos venido enfrentando desde años atrás”, expresó.
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Según el diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, el Congreso no tiene ninguna acusación formal en contra del excomisario, por lo que no existe algún protocolo diferente al de otra pensión. Además, afirmó que la solicitud fue enviada antes de que las acusaciones en su contra se hicieran públicas el pasado 29 de abril.
La solicitud, aclaró el diputado, fue enviada el 9 de febrero de 2026.
“No se le había presentado nada. O sea, no se sabía lo de Estados Unidos… a nosotros nos llegó en mayo y, como no tenemos esas acusaciones en mano, para nosotros es una solicitud de pensión normal, de una persona que tiene derecho y se hizo en tiempo y forma”, sostuvo.
Alberto Jorge Contreras fue señalado junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de haber mantenido relación y conspirado a favor de una facción del Cártel de Sinaloa. En el listado aparecen rostros importantes, como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En específico, en el documento se explica que Alberto era distinguido por el Cártel de Sinaloa bajo el apodo de “El Cholo” y presuntamente recibió sobornos de narcotraficantes cuando se desempeñaba como funcionario en la Fiscalía General.
Por la controversia, el Legislativo tomó la decisión de revisar con más detalle la solicitud de Contreras Núñez.
Con información de Scarlett Nordahl.
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