Integrantes de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS), compuesta por organizaciones civiles, empresariales y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción (CPC), exigieron al Congreso del Estado garantizar la continuidad del proceso para construir la nueva Ley de Transparencia, luego de que diputados solicitaran licencia para buscar candidaturas.
En conferencia de prensa, manifestaron su preocupación por la suspensión de las mesas técnicas donde se analizaba, artículo por artículo, el proyecto de dictamen con participación ciudadana. Señalaron que la salida de legisladores que encabezaban estos trabajos dejó en incertidumbre el proceso y pone en riesgo que se apruebe una iniciativa sin incorporar las propuestas de la sociedad civil.
Las organizaciones hicieron un llamado al Congreso para informar quiénes asumirán la conducción de los trabajos legislativos, cómo se garantizará la continuidad de las mesas de diálogo y de qué manera serán consideradas las observaciones presentadas por los colectivos.
Los integrantes de la red recordaron que ya existían acuerdos con la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política para revisar el proyecto junto con organizaciones civiles; sin embargo, dichos compromisos quedaron detenidos tras las solicitudes de licencia.
Además, reiteraron su rechazo a la iniciativa, enviada por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al considerar que contiene retrocesos y vacíos que limitarían el acceso a la información pública, motivo por el cual la calificaron como una “ley tapadera”.
Entre las principales preocupaciones señalaron que la propuesta impediría conocer oportunamente investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, al mantener reservada la información hasta la conclusión definitiva de los procedimientos, además de ampliar la discrecionalidad de las autoridades para negar datos públicos.
Las organizaciones también advirtieron que, si los nuevos diputados aprueban la iniciativa sin retomar las mesas de trabajo con la ciudadanía, serían corresponsables de esos retrocesos en materia de transparencia.
Durante la conferencia también cuestionaron el presunto uso de recursos públicos por parte de aspirantes políticos que solicitaron licencia para acudir a registros partidistas acompañados de personal gubernamental. Indicaron que, de comprobarse el uso de servidores públicos, vehículos o recursos oficiales para fines proselitistas, correspondería a los órganos internos de control iniciar las investigaciones correspondientes.
ReCIAS llamó a la ciudadanía a involucrarse en la defensa del derecho de acceso a la información y a denunciar posibles irregularidades, incluso mediante denuncias anónimas, al sostener que una ley de transparencia sólida es una herramienta fundamental para combatir la corrupción y vigilar el uso de los recursos públicos en Sinaloa.
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