Culiacán, Sinaloa.— La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH reconoció que se abriera el diálogo con las comunidades Mayo-Yoreme en Topolobampo, que se oponen a la planta de producción de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.

“Reconocemos la iniciativa para llevar a cabo espacios de diálogo sobre las afectaciones de proyectos industriales en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, y reiteramos la importancia de construir soluciones sostenibles con pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, se señaló por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU a través de sus cuentas oficiales de Facebook y X.

“Seguiremos acompañando su desarrollo y manteniendo comunicación con comunidades, autoridades y otros actores”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha mantenido un seguimiento especial al conflicto en Topolobampo, expresando preocupaciones por posibles violaciones a los derechos humanos, consulta previa a comunidades indígenas, protección ambiental, personas defensoras del medio ambiente y responsabilidades empresariales.

Las preocupaciones fueron expuestas el 19 de septiembre de 2025 por 11 mandatos de Naciones Unidas, los cuales enviaron cartas y solicitudes de información a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, así como a las oficinas madre, la firma suizo alemana PROMAN. También al gobierno de México, al gobierno de Suiza y al banco alemán KfW IPEX-Bank.

Las respuestas de las partes señaladas

 

Las cartas fueron publicadas para consulta pública, lo mismo que las respuestas de cada una de estas.

En su respuesta, el Estado mexicano expuso el desarrollo jurídico del proyecto desde los juicios de amparo promovidos por integrantes de comunidades indígenas Mayo-Yoreme de Lázaro Cárdenas y Ohuira. El informe recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó dejar sin efectos la autorización ambiental emitida en 2014 y ordenó realizar un proceso de consulta previa, libre e informada antes de emitir una nueva resolución administrativa.

El Gobierno federal señaló que la consulta se llevó a cabo entre junio y septiembre de 2022 con la participación de comunidades indígenas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto. Según el informe, algunas comunidades otorgaron su consentimiento, mientras que otras, entre ellas Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, manifestaron su decisión de no otorgarlo. Posteriormente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una nueva autorización ambiental condicionada incorporando los resultados del proceso consultivo.

El documento también describió las medidas ambientales que, de acuerdo con la autoridad, forman parte del seguimiento del proyecto. Entre ellas se mencionó programas de monitoreo de calidad del aire, agua, manglares, flora y fauna, monitoreo de tortugas marinas, emisiones atmosféricas, ruido y reforestación, además de la presentación periódica de informes de cumplimiento y garantías financieras para la ejecución de medidas de prevención y mitigación.

Respecto a la situación de personas defensoras del medio ambiente, el Estado mexicano informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indicó no contar con denuncias directas relacionadas con el proyecto ni con registros de agresiones vinculadas específicamente a este caso. Asimismo, expone la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y refiere que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas mantiene comunicación con defensores de la Bahía de Ohuira.

Como parte de la respuesta remitida a Naciones Unidas, México también describió el marco institucional relacionado con el Acuerdo de Escazú, la consulta indígena, el acceso a la información ambiental, la transparencia y las políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos, señalando las acciones implementadas por distintas dependencias federales.

Por su parte, el Gobierno de Suiza informó que tomó conocimiento de las alegaciones planteadas ante la ONU debido a que PROMAN —grupo corporativo al que pertenece GPO— tiene su sede en territorio suizo. En su comunicación señala que las empresas domiciliadas en ese país deben respetar los derechos humanos durante todas sus operaciones, incluidas aquellas desarrolladas en el extranjero, y que las autoridades suizas mantienen contacto con la empresa sobre procesos de debida diligencia, aunque aclaran que sus competencias jurídicas respecto de operaciones realizadas fuera de Suiza son limitadas.

En otra de las respuestas publicadas, KfW IPEX-Bank explicó que participa en el proyecto únicamente como entidad financiadora y no como accionista. El banco indicó que el financiamiento fue otorgado bajo los Principios del Ecuador y estándares internacionales de desempeño ambiental y social, mediante procesos de evaluación y monitoreo realizados por consultores independientes.

La institución financiera señala que el proyecto fue clasificado como de alto riesgo ambiental y social, por lo que ha sido objeto de evaluaciones periódicas sobre biodiversidad, calidad del agua, emisiones, riesgos industriales y participación de comunidades potencialmente afectadas. Asimismo, refiere que la autorización ambiental vigente fue emitida después del proceso de consulta indígena realizado en cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte.

Los documentos publicados forman parte del intercambio oficial entre los Procedimientos Especiales del sistema de Naciones Unidas y los gobiernos, empresas e instituciones involucradas en el proyecto de la planta de amoniaco instalada en Topolobampo.