El miércoles fue en Sinaloa otro día marcado por la violencia que sobrepasa la capacidad de los operativos de seguridad pública para combatirla y sin que los ciudadanos veamos siquiera los primeros barruntos de paz y legalidad que los gobiernos federal y estatal sí trazan en el discurso pero no se concreta en los hechos.

La balacera registrada en una plaza comercial ubicada entre las vialidades Emiliano Zapata y Manuel Clouthier, en Culiacán, dejó a una persona asesinada y dos heridas, así como daños en cinco vehículos, plasmando otra estampa que atemoriza a la población y patentiza el riesgo en que operan las actividades económicas.

El 15 de julio registró también los homicidios dolosos contra tres mujeres en hechos separados duranta 24 horas, en Culiacán, Mazatlán y Navolato, remarcando al estado por la alta incidencia de feminicidios como otra de las afectaciones de la llamada narcoguerra, fenómeno que en vez de menguar crece..

La preocupación que adquiere fuerza a manera de interrogante tiene que ver con la pertinencia y efectividad la numerosa presencia de militares, guardias nacionales y policías federales y estatales en las principales ciudades del estado y paralelamente la acción criminal que recrudece distante de la estadística gubernamental que afirma que la violencia va a la baja.

Las instituciones nacionales y locales de protección ciudadana deben informar qué ocurre en con la violencia que se aproxima a dos años de terror y ausencia de gobierno porque la embestida de la delincuencia prosigue, no obstante que las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas están aquí con centenas de sus elementos. Sería terrible determinar que ha fracasado la militarización de la seguridad pública, la última oportunidad y apuesta del Estado para la todavía fallida pacificación de Sinaloa.