Culiacán, Sinaloa.- La propuesta para castigar penalmente la cohabitación forzada de niñas y adolescentes puede representar una herramienta para su protección, pero colectivos en Sinaloa advierten que aumentar las penas no resolverá por sí solo las condiciones que permiten embarazos y uniones tempranas de menores de edad.

Luego de que Eufrosina Cruz Mendoza acudiera al Congreso del Estado para impulsar una reforma al Código Penal de Sinaloa en esta materia, Priscila Salas, del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, y Hortensia López Gaxiola, de Tarámari Sinaloense, coincidieron en que la discusión debe ir más allá de las sanciones.

Para Salas, la iniciativa debe contextualizarse considerando que algunas de las conductas que busca combatir ya constituyen delitos en Sinaloa, mientras persisten la impunidad y las deficiencias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Yo creo que más leyes, más castigo, más punitividad, a la sociedad civil y sobre todo a comunidades que ya están en condición de vulneración, no creo que sea de mucha ayuda”, señaló.

Consideró que instituciones como el Sistema DIF y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes deben garantizar que las personas menores de edad conozcan sus derechos humanos, sexuales y reproductivos y tengan acceso a educación, información, salud y condiciones dignas de vida.

Salas puso como ejemplo las dificultades que enfrentan mujeres indígenas en comunidades serranas de Sinaloa para acceder a atención sexual y reproductiva.

“Yo no he visto ninguna brigada de salud sexual y reproductiva que les hable a las mujeres, niñas y adolescentes… precisamente de estos derechos y que se preocupe para que ellas tengan el acceso a eso y se les garantice”, expresó.

En Sinaloa hay un panorama distinto

 

Desde su experiencia acompañando comunidades indígenas, Hortensia López Gaxiola señaló que existe una diferencia entre las prácticas documentadas en estados del sur del país y lo que ha encontrado en Sinaloa.

Aseguró que hasta ahora no ha identificado casos donde las familias reciban dinero u otro beneficio por entregar a sus hijas entre las comunidades indígenas que ha acompañado. Sin embargo, sí ha conocido casos de embarazos y uniones de niñas y adolescentes.

Uno de los primeros que atendió fue el de una adolescente de 13 años que había dado a luz y vivía en condiciones de pobreza extrema. La menor estaba en una relación con un hombre de entre 20 y 22 años.

“Sí se necesitan las leyes, pero también se necesitan las oportunidades y que sepan que hay otras maneras de transitar”, sostuvo López Gaxiola.

En las comunidades de Sinaloa de Leyva donde trabaja Tarámari Sinaloense, calcula haber identificado alrededor de ocho casos de embarazos o uniones de menores de edad.

También relató haber encontrado varias adolescentes embarazadas durante visitas a otras comunidades, algo que, consideró, debería generar una intervención integral de las autoridades.

“Por parte del Gobierno del Estado se tiene que hacer un acompañamiento completo, no puede solamente entregar despensas, sino que: a ver, ¿qué tema hay aquí?, ¿por qué hay tantas adolescentes embarazadas?”, cuestionó.

Comunidades donde no llegan maestros ni servicios de salud

 

López Gaxiola recordó otro caso ocurrido hace aproximadamente dos años en una comunidad indígena de Sinaloa, donde tuvo conocimiento de una niña de primaria embarazada.

De acuerdo con su testimonio, buscó apoyo institucional para que fuera atendida, pero la intervención ocurrió hasta una etapa avanzada del embarazo. En esa comunidad, aseguró, el maestro no acudía regularmente y los servicios de salud tampoco tenían presencia constante.

“¿Quién les va a hablar de que eso no es normal?”, cuestionó.

Para ambas activistas, la permanencia de niñas y adolescentes en las escuelas, el acceso a anticonceptivos, la educación sexual y reproductiva y la presencia de servicios de salud son parte de las acciones necesarias para prevenir estas situaciones.

“La punitividad, el castigo, no es la respuesta. Sí lo es que el gobierno cumpla con todas sus obligaciones y haga lo que tiene que hacer”, sostuvo Salas.

La iniciativa promovida por Eufrosina Cruz busca incorporar al Código Penal de Sinaloa la cohabitación forzada de personas menores de edad. Para las integrantes de los colectivos consultados, la legislación puede ser un paso, pero debe acompañarse de condiciones que permitan a niñas y adolescentes conocer y ejercer sus derechos, particularmente en las comunidades donde las instituciones tienen poca o ninguna presencia.

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