Cuando la delincuencia dispara contra los niños, tal como ocurrió el sábado en Culiacán al perder la vida un menor de un año y cuatro meses de edad, la barbarie escala al máximo nivel posible como expresión de la incapacidad del gobierno para proteger a las familias y sobre todo a los eslabones más débiles y sagrados de éstas.

Los ataques a la infancia significan en cualquier guerra la pérdida de todo humanismo, y al resultar la impunidad como respuesta del Estado lo que esta en evidencia es el fracaso de las instituciones y servidores públicos en la obligación de salvaguardar la vida y los derechos fundamentales, que la Constitución les asigna.

Juan Alejandro, el niño que fue alcanzado por balas asesinas cuando jugaba en la banqueta de su casa en Prados del Sur, es la más reciente evidencia de la larga lista de muertes que afecta a la infancia en Sinaloa, pérdidas que nos disminuyen como sociedad y matan también la esperanza de vivir en paz y la confianza en las autoridades.

Los gobernantes, desde la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Graciela Domínguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como los mandos de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas deben llevar en sus conciencias el sacrificio de cada niño caído en la bestial narcoguerra, consecuencia de que los sicarios y sus arsenales se muevan libremente en las ciudades y comunidades rurales, inclusive en medio de miles de militares y policías.

Ya basta de que a Sinaloa lo hieran donde más duele, sin pasar por alto que la agresión a la niñez alcanza a los ciudadanos en general que sin deberla ni temerla pagan por resistir en la tierra de los once ríos a los que se añade el afluente de sangre. Gritemos como último reducto de los indefensos que ¡a los niños no! los alcance la violencia exacerbada en Sinaloa.