Culiacán, Sinaloa.- Localizar con vida a una persona desaparecida suele verse como el mejor final posible para una búsqueda. Sin embargo, según el colectivo búsqueda de Sabuesos Guerreras, después de su regreso, muchas víctimas quedan sin protección y sin una investigación que explique qué ocurrió durante el tiempo que estuvieron desaparecidas.
“Yo creo que no hay protocolo que valga ni que se active, ni por parte de las autoridades. O sea, ni siquiera para ofrecerle seguridad o para ofrecerle otras alternativas de sacarlo del estado o de protegerlo. Completamente se cierra la carpeta y listo” comentó María Isabel Cruz Bernal, dirigente del colectivo de Sabuesos Guerreras.
En entrevista para ESPEJO, la buscadora explicó que, después de una localización con vida, las víctimas y sus familias suelen guardar silencio, acto que aseguro que también forma parte de sus derechos.
Sin embargo, al darse la localización, las autoridades, dice, dan por terminado el crimen, sin seguir investigando sobre que ocurrió al momento de la desaparición, donde estuvieron retenidas o quienes fueron los responsables de esto crimen.
“Cuando encuentras a alguien con vida o aparece alguien con vida, se cierra todo. La familia lo que menos quiere es hablar, decir qué fue lo que sucedió, quién se lo llevó o a dónde se lo llevaron, porque saben quiénes fueron, pero después de eso nadie quiere decir nada”, señaló.
Además de quedar sin una investigación, las personas localizadas tampoco reciben medidas de protección que les permitan regresar a su vida cotidiana sin ponerse nuevamente en riesgo.
Según la buscadora, en algunos casos, la única alternativa que encuentran es abandonar Sinaloa o incluso solicitar refugio en otro país.
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Según el informe Ciudadanos Evaluando 2025, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en ese año el delito de privación ilegal de la libertad registró el nivel más alto de incidencia con cifras que no se habían visto desde el año 2010.
El estudio destaca que, en 2025, en promedio cada día se registraban 6 denuncias por privación ilegal de la libertad, lo que lo convirtió en uno de los delitos con mayor impacto durante el último año, junto con los homicidios y el robo de vehículos.
De las 2 mil 208 denuncias registradas, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) no procesó ninguna, resultando en cero sentencias, ni condenatorias ni abreviadas.
Es decir, una impunidad del 100 por ciento.
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