Culiacán, Sinaloa.- Colectivos de la diversidad sexual y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, que se investigue a la directora del Registro Civil de Sinaloa, Margarita Villaescusa Rojo, por presuntos actos de discriminación hacia un matrimonio conformado por dos mujeres, quienes, aseguran, se les negó en dos ocasiones el registro de su hija recién nacida con el reconocimiento legal de ambas como madres.

A través de un posicionamiento, las organizaciones señalaron que los hechos ocurrieron los días 17 y 23 de julio del presente año en las oficinas del Registro Civil de Mazatlán.

De acuerdo con lo relatado, durante el primer intento de registro el personal les pidió que presentaran un expediente clínico de fertilidad o la acreditación de un procedimiento de reproducción asistida. Requisitos que no están contemplados en el Código Familiar de Sinaloa y que jamás es solicitado a matrimonios heterosexuales y cisgénero.

“Por lo que desde ese momento se configuró un trato diferenciado basado exclusivamente en la orientación sexual de las madres y en la conformación de su familia”, se lee en el posicionamiento.

Además, en ese mismo intento, el personal del  Registro Civil les proporcionó el contacto de un oficial de la comunidad de El Quelite, en Mazatlán, quien presuntamente les dijo que podía ayudarles a realizar el trámite, pero con un costo adicional.

Tras esta respuesta, la familia buscó apoyo de personas activistas, quienes las canalizaron al Departamento de Diversidad y Grupos Vulnerables de la Secretaría de las Mujeres.

Luego del acercamiento con la autoridad estatal, se programó una segunda diligencia el 23 de julio de 2026. Sin embargo, las organizaciones firmantes aseguraron que cuando el trámite ya estaba prácticamente concluido, el personal recibió la instrucción de detener el registro. El argumento de la directora del Registro Civil que brindó por teléfono es que el acta no podía expedirse mientras no se acreditara un procedimiento de reproducción asistida, al señalar que existía un “padre biológico”. 

Esa negativa nunca se entregó por escrito y tampoco se otorgó el fundamento legal de la decisión, por lo que, las madres presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y, con el acompañamiento de colectivas, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría General de Gobierno, el registro de la menor finalmente se realizó el 27 de julio con el reconocimiento legal de ambas madres.

Para los colectivos y organizaciones, la negativa de registro que se dio durante las primeras dos diligencias, y la respuesta de la directora del Registro Civil, vulneró los derechos de igualdad, no discriminación, identidad y el interés superior de la niñez.

Destacaron que el Código Familiar reconoce la filiación de los hijos nacidos dentro del matrimonio, y que las oficialías del Registro Civil no tienen facultades para investigar la paternidad al momento de levantar un acta de nacimiento.

“Negar el registro de la hija de un matrimonio conformado por dos mujeres, madres lesbianas, implicó desconocer los efectos jurídicos del matrimonio igualitario reconocidos por la legislación vigente y vulnerar los derechos de la niña y sus madres.

Además, al exigir un expediente clínico de fertilidad asistida que no está previsto en ninguna ley, la autoridad transgredió el principio de legalidad, pues ninguna autoridad puede imponer requisitos distintos a los expresamente establecidos por el marco jurídico vigente”, se menciona en el posicionamiento.

Señalaron que no es un hecho aislado, pues en los últimos años se han documentado diversos casos en Sinaloa en los que familias de la diversidad sexual han enfrentado obstáculos para registrar a sus hijas e hijos o para obtener el reconocimiento pleno de su filiación, así como otras problemáticas denunciadas en la CEDH de discriminación hacia personas trans y no binarias.

Cabe recordar el caso de la activista Ximena con X, quien presentó una denuncia por violencia contra la directora del Registro Civil, Margarita Villaescusa Rojo, argumentando que durante el trámite para el reconocimiento de su identidad de género fue víctima de un trato discriminatorio y agresiones.

Ante los señalamientos, las organizaciones pidieron a la gobernadora, Yeraldine Bonilla Valverde, que se inicie un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad de la directora del Registro Civil y del personal involucrado, ofrecer una disculpa pública a la familia, emitir un protocolo para el reconocimiento de la filiación de hijas e hijos de familias de la diversidad sexual y promover reformas que den mayor certeza jurídica a las comaternidades y copaternidades en Sinaloa.

El posicionamiento está respaldado por organizaciones y colectivas como Flores de Bugambilia, Red de Madres Lesbianas en México, Pride La Reforma, Colectivo Juventudes Diversas de Sinaloa A.C., Orgullo Ecatepec A.C. y Josseline Aguilar IAP.

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