Durante una audiencia de oficio celebrada este 3 de agosto dentro del 196° Periodo de Sesiones de la CIDH, con sede en Washington, las agrupaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Hope Border Institute (HOPE) y Human Rights First (HRF) presentaron evidencias de que algunos adolescentes, de entre 11 y 17 años, son repatriados lejos de sus familias, sin protección especializada ni una adecuada evaluación de riesgos. Por lo que solicitaron suspender estos traslados al sur de México e implementar medidas eficaces de protección.
De acuerdo con las organizaciones, las restricciones impuestas a las personas que buscan asilo obligan a buscar vías irregulares de ingreso, escenario aprovechado por grupos delictivos que utilizan a adolescentes de la frontera norte en dinámicas de tráfico ilícito de personas. Al ingresar de manera irregular a Estados Unidos, esta población es repatriada vía aérea a estados del sur de México sin conocimiento del destino final de su traslado.
La mayoría se encuentra en contextos de migración de circuito, un fenómeno que consiste en el uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de las redes delictivas para la ejecución de diversos roles involucrados vinculados al cruce irregular de personas, expuso Fernando Loera, de la organización DHIA, en la audiencia celebrada este lunes.
Dichos roles, agregó, incluyen desde el monitoreo para identificar zonas y horarios que confieren mayores posibilidades para el tráfico de personas, la vigilancia de la población en contextos inmovilidad en casas de seguridad y hasta la facilitación de los cruces que evaden los controles migratorios para ingresar a Estados Unidos.
Loera indicó que si bien en la migración de circuito se privilegia la pertenencia a la comunidad aledaña a la zona fronteriza, en años recientes el crimen organizado ha expandido el uso y reclutamiento para fines para este fin a zonas alejadas de la frontera.
Esta situación alertó sobre todo porque en enero de 2026, las organizaciones fueron alertadas de manera confidencial sobre un posible acuerdo entre México y los Estados Unidos para remitir vía aérea al sur de México adolescentes nacionales con ingresos sistemáticos a los Estados Unidos.
De acuerdo con datos atribuídos a datos generados por las organizaciones a partir de espacios de diálogo y documentación obtenida vía solicitudes de información por la Plataforma Nacional de Transparencia, más de 350 adolescentes originarios o procedentes de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas han sido enviados a tres estados distintos del sur del país.
“Las familias reportan que las áreas de protección consular no les informan sobre el sitio de retorno al que son enviados sus hijos, por lo que deben esperar hasta que las procuradurías de protección les contacten”, dijo.
Las organizaciones denunciaron que en el sur de México no se aplican los protocolos técnicos para la evaluación, determinación del interés superior de la niñez o planes de restitución de derechos. La respuesta institucional se aboca de forma casi exclusiva a la reintegración familiar, lo que frena la atención a los riesgos socioemocionales de la adolescencia repatriada. Esta situación genera estancias prolongadas en Centros de Asistencia Social por falta de recursos económicos para concretar los retornos, además de acrecentar la marginación social en las comunidades de origen.
Ante este panorama, las organizaciones peticionarias exigieron que el Gobierno de México transparente el acuerdo sostenido con Estados Unidos. Asimismo, en el marco de la audiencia, las agrupaciones recomendaron:
- 1. Suspender de forma inmediata el retorno de niñez y adolescencia del norte de México a entidades distintas a las de su origen o residencia habitual, asignando recursos humanos y financieros a los sistemas de protección estatales.
- 2. Elaborar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo interinstitucional que analice el perfil de los adolescentes y la dimensión de la migración de circuito en cada estado fronterizo.
- 3. Establecer un mecanismo de coordinación permanente con autoridades locales especializadas para unificar tareas de prevención, atención y restitución de derechos.
- 4. Tipificar el delito de reclutamiento mediante la integración de dictámenes legislativos con la participación de agencias internacionales, organizaciones civiles y la academia.
- 5. Diseñar un protocolo especializado que contemple las fases de prevención, recepción, canalización y procuración de justicia para la niñez migrante.
Delegación mexicana en la audiencia. Fotografía: CIDH
En la audiencia, el Estado Mexicano, representado por una delegación encabezada por Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, expuso que los traslados al sur del país buscan reducir los riesgos fronterizos y se basan en evaluaciones individuales, documentadas y motivadas.
La delegación mexicana –conformada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y por la Fiscalía General de la República– expuso sobre los mecanismos de asistencia consular con los que se cuentan, recepción y restitución de derechos, además de una estrategia nacional para la niñez en movilidad.
Luego de escuchar a las partes en la audiencia, la CIDH, encabezada por Andrea Pochak, consultó por las medidas de prevención, el seguimiento para evitar nuevos reclutamientos, los indicadores para evaluar su efectividad y la protección de quienes son retornados a lugares alejados de sus familias.
Recordó sus advertencias sobre la gravedad del reclutamiento infantil y la necesidad de asegurar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
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