México.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves en el Estado de México a Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, por su presunta participación en la destrucción y el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que un juez concedió una orden de aprehensión contra el exmandatario por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

De acuerdo con la funcionaria, un nuevo análisis de las actuaciones que integran la investigación permitió abrir líneas sobre la posible participación de Ángel “N” en la desaparición de videograbaciones que podrían aportar información sobre el paradero de los normalistas.

La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de estudiantes, fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Guerrero, en Iguala, cuando era detenido por policías municipales y estatales.

Las primeras versiones oficiales indicaron que las grabaciones no existían debido a supuestas fallas técnicas en el sistema. Sin embargo, la FGR señaló que diligencias posteriores determinaron que esa información era falsa.

Testigos señalaron que las grabaciones fueron sustraídas

Godoy Ramos explicó que, en enero de 2026, una persona colaboradora confirmó la existencia de los videos e identificó a quien presuntamente los sustrajo para entregarlos directamente al entonces gobernador.

El testigo también denunció que había permanecido en silencio debido a las amenazas recibidas.

En mayo de 2026, un segundo testigo protegido reforzó esa declaración al asegurar que Ángel “N” ordenó, durante una reunión con funcionarios de primer nivel de su administración, eliminar cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos cerca del Palacio de Justicia de Iguala.

Según la Fiscalía, la instrucción habría sido ejecutada con la participación de servidores públicos estatales de alto rango.

La FGR sostiene que la desaparición de las grabaciones no fue producto de una falla técnica ni de un acto aislado, sino de una operación deliberada que habría sido organizada desde la cúpula del Poder Ejecutivo de Guerrero.

La orden de aprehensión fue solicitada por el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y cumplimentada con respeto a los derechos humanos del detenido, indicó la fiscal.

Godoy Ramos aseguró que las investigaciones continuarán para determinar el paradero de los 43 estudiantes y establecer la responsabilidad de todas las personas que participaron en los hechos.

“Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”, afirmó.