Sin rodeos, la presidenta municipal interina de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, atribuye la escalada de violencia en este destino turístico a la pugna entre las facciones del crimen organizado que lideran los hijos de los narcotraficantes Ismael Zambada García y los de Joaquín Guzmán Loera, conflicto recrudecido en las semanas recientes.

Después de casi dos años de ocultar esta realidad y acudir al discurso que presentaba todo bien, el gobierno de Mazatlán vira al reconocimiento de sucesos delictivos de alto impacto, lo cual es un buen punto de partida para enfrentar el problema de la violencia en el sur de Sinaloa, principalmente en la llamada Perla del Pacífico donde en julio se cometieron 36 homicidios y 15 en la primera semana de agosto.

Mazatlán es el centro neurálgico de la narcoguerra que a partir del 9 de septiembre de 2024 coloca a la entidad en situación de deterioro social, económico y político, y hoy concentra a las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad pública asestándole fuertes golpes a la delincuencia organizada, resaltando la reciente llegada de mil 700 elementos de la Marina Armada.

Todo indica que las autoridades municipales, sociedad mazatleca y gabinetes de Seguridad federal y estatal han decidido combatir al crimen que pone en peligro el principal polo de la economía en materia turística que no vive el auge que el oficialismo presume ni está al margen del enfrentamiento atroz que se extiende también a los municipios de Rosario, Escuinapa y Concordia.

Al margen de la cuestión que dirime si la violencia en Mazatlán es igual, mayor o menor que la que afecta a Culiacán, aquí lo importante consiste en aceptar que está en crisis la seguridad pública y proceder a atenderla. En este sentido, la alcaldesa reconoce la gravedad del flagelo, lo nombra tal cual es y obtiene el apoyo nacional y estatal para combatirlo.