Dos mujeres fueron citadas a declarar por la Fiscalía General de la República por las protestas carreteras de agricultores de noviembre de 2025, pese a que aseguran no haber participado en ellas. Ambas sostienen que únicamente acudieron a la caseta de Costa Rica, Culiacán, para llevar comida y medicamentos a sus esposos, quienes sí participaron en el plantón.
El 5 de agosto, Karen Guadalupe y María Cristina, del Ejido El Melón, comunidad al sur del municipio de Culiacán, recibieron un citatorio de la FGR. En estos, la dependencia federal las requería el martes 11 de agosto en sus instalaciones de la capital sinaloense, en el complejo de seguridad de Aguaruto.
“Yo cuando recibí el documento me sorprendí, porque no me lo esperaba. No esperaba eso y dije: ¿por qué, si yo no he hecho nada? A eso vine, a ver por qué era el documento”, dijo María Cristina, de 65 años, a la salida de la FGR en entrevista para ESPEJO,
Los citatorios, que comparten la carpeta de investigación FED/SIN/CLN/0000764/2026, fueron entregados a las dos mujeres, esposas de productores agrícolas que en el mes de noviembre de 2025 participaron en manifestaciones pacíficas en carreteras, parte del paro nacional del campo agrícola convocado por parte de trabajadores del campo y transportistas para exigir mejores condiciones para sus actividades.
Fueron citadas pese a que, aseguran, ellas no participaron personalmente en las protestas, más allá de haber llevado a sus esposos comida, agua o medicamentos durante el tiempo que permanecieron en la caseta de Costa Rica.
Creen que los datos en las placas de sus automóviles familiares, en ambos casos a nombre de las esposas, fueron utilizados para poder ubicarlas. Ni las citadas, sus esposos o familiares son dirigentes de ninguna organización. Además de ellas, fue citado un hombre más, dando un total de tres personas requeridas.
La hija de María Cristina, quien decidió permanecer anónima, comentó que toman la citación como una estrategia de generar miedo para que las personas que dependen del campo dejen de organizarse para exigir acciones a las autoridades.
“Es una manera de cohibirnos, de callar lo que muchas personas dicen. Y más porque les hizo ruido que la agricultura está alzando la voz ahora. Además de que no fue nomás en Costa Rica, fue en todo el país”, asegura.
Afirma que, aunque las citaciones no les dan miedo, la situación si los alarma e inquieta. Considera que los modos en que la FGR maneja el tema es una manera de criminalizar las exigencias de los campesinos.
“Ver que están haciendo esto de esta manera, cuando saben que todo mundo conoce el tema de la agricultura, no es un tema nuevo del día que estuvo en la caseta para acá. Es un tema trilladísimo de años atrás“, comenta.
Cada citada duró alrededor de media hora declarando. Se les cuestionó sobre su participación en las protestas y sobre a quienes conocían de entre los otros asistentes.
Criminalización de protestas de agricultores, una constante por parte de FGR
No es la primera vez que la Fiscalía General de la República abre carpetas de investigación contra agricultores tras protestas pacíficas. En marzo del presente año, dos agricultores, también de los alrededores de Costa Rica, en Culiacán, recibieron citatorios por parte de la dependencia para declarar debido a las mismas manifestaciones en carreteras de noviembre. Dicha carpeta de investigación era la FED/SIN/CLN/0003340/2025.
Aunque hasta el momento estos citatorios no han derivado en órdenes de aprehensión, existe el precedente de que, en mayo de 2024 y octubre de 2025, Baltazar Valdez, líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, fue detenido y encarcelado temporalmente. La organización es una de las que ha convocado las protestas de agricultores, particularmente en el centro del estado. A Valdez se le trató de vincular a proceso por sabotaje y daños a la riqueza de la nación, pero fue absuelto.
Las protestas de agricultores sinaloenses del último año y finales de 2025 han tenido como exigencias centrales el respaldo gubernamental frente a las malas condiciones de comercialización de granos debido a la caída internacional de los precios del maíz, que actualmente dejan a los productores en pérdida.
Otras exigencias son que vuelva la banca de desarrollo rural para acceder a créditos preferenciales; precios de garantía y agricultura por contrato para brindar certidumbre al productor; regular las importaciones de maíz extranjero; inversión en la competitividad del sector; seguridad en las zonas rurales azotadas por la violencia, entre otras.
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