Rubén Rocha Moya ha regresado a ocupar el Gobierno de Sinaloa. Ocurre a 112 días después de que solicitó licencia para someterse a una investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual estaba motivada por señalamientos de presuntos actos de narcotráfico que hizo la fiscalía de Estados Unidos.

El gobernador volvió asegurando dos cosas elementales:

Primero que es inocente y se trata de “patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo” (SIC).

Segundo que “la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país”.

Ambas afirmaciones son importantes, porque sugieren que todo fue una treta política y que la propia FGR desestimó tales señalamientos.

Sin embargo, no hay ninguna conferencia de prensa que se haya llevado a cabo donde se informara de tales hechos.

Lo que hizo Rubén Rocha Moya fue poner el ojo en la FGR de Ernestina Godoy para que aclare el regreso.

No salir y dar una explicación, solo enrarecerá –aún más– la situación política en Sinaloa y el país entero.

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