Culiacán, Sinaloa.- El pasado 7 de julio, dos menores de edad fueron detenidos junto con un adulto durante un operativo realizado en Mazatlán. Los tres eran señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo y tenían en su poder armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.
El caso se sumó a otros episodios que han evidenciado la incorporación de niñas, niños y adolescentes a actividades criminales en Sinaloa, ya sea mediante engaños, amenazas, falsas ofertas de trabajo o el aprovechamiento de sus condiciones de vulnerabilidad.
Es en este contexto que el Congreso de Sinaloa dio un paso para tipificar y sancionar el reclutamiento de menores de edad, al dar aprobar el dictamen que propone penas de 10 a 20 años de prisión, las cuales podrían alcanzar hasta 30 años cuando existan agravantes.
El documento, elaborado por la Comisión de Justicia, plantea reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y al Código Penal estatal.
Además de castigar a quienes recluten menores para cometer delitos, busca reconocer a niñas, niños y adolescentes como víctimas y obligar a las autoridades a implementar medidas de prevención, rescate, atención, reintegración y reparación del daño.
¿En qué cosiste el dictamen?
El dictamen propone adicionar el artículo 274 Bis F al Código Penal para establecer que comete este delito quien, directamente o mediante otra persona, reclute, enliste, integre o incorpore por cualquier medio a menores de 18 años para realizar actividades delictivas.
La sanción propuesta es de 10 a 20 años de prisión y una multa de 800 a mil 600 días, independientemente de las penas correspondientes por otros delitos.
La condena podría aumentar hasta en una mitad cuando la persona responsable tenga una relación de parentesco con la víctima o la mantenga bajo su custodia, guarda o educación.
También se contemplan como agravantes el uso de violencia física o psicológica, el abuso de poder y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
El aumento aplicaría igualmente cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública o cuando la víctima se encuentre en abandono, orfandad, migración, desplazamiento forzado, condición de calle, discapacidad u otra circunstancia especial de vulnerabilidad.
Además, la reforma establece que las autoridades estatales y municipales deberán proteger a las infancias frente al reclutamiento o utilización con fines criminales mediante políticas de prevención, rescate, rehabilitación, atención, reintegración y reparación del daño.
También deberán implementar protocolos para la detección temprana, atención psicológica, reinserción social y justicia restaurativa de las víctimas.
Estas acciones tendrán que coordinarse entre el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Fiscalía General del Estado.
En caso de aprobarse el decreto, las autoridades tendrán 90 días naturales para adecuar sus protocolos de investigación, persecución penal y atención a víctimas. Los lineamientos deberán reconocer expresamente como víctimas a los menores reclutados, en lugar de considerarlos únicamente responsables de las actividades ilícitas en las que participaron.
Cabe destacar que el dictamen reúne cuatro iniciativas presentadas por legisladores del Partido Verde Ecologista de México, el Partido Revolucionario Institucional y Morena.
Las propuestas fueron promovidas por la diputada con licencia Yeraldine Bonilla Valverde, del PVEM; los priistas Bernardino Antelo Esper, Paola Iveth Gárate Valenzuela e Irma Guadalupe Moreno Ovalles; la diputada de Morena Arely Berenice Ruiz López, y otros integrantes del Grupo Parlamentario de este último partido.
La Comisión de Justicia decidió integrarlas en un solo proyecto al considerar que comparten el objetivo de fortalecer la protección de las infancias frente a su incorporación a organizaciones criminales.
Durante 2025, autoridades estatales reconocieron la existencia de casos de adolescentes reclutados para participar en la confrontación entre grupos delictivos.
También se han documentado casos de jóvenes captados en otras entidades mediante redes sociales y falsas ofertas laborales, trasladados para recibir entrenamiento y posteriormente enviados a participar en enfrentamientos en Sinaloa.
Tras su primera lectura, el dictamen deberá continuar el proceso legislativo para ser discutido y, en su caso, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado.
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