Culiacán, Sinaloa._ El gobierno de Sinaloa cerró el ejercicio fiscal 2025 con 766 millones 130 mil 946 pesos en pasivos de corto plazo sin una fuente de pago, de acuerdo con el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025.

La razón, ha justificado el gobierno de Sinaloa, es el Programa Emergente de Maíz y la comercialización de maíz blanco, que se improvisó por la Administración de Rubén Rocha Moya en 2023 ante la caída de los precios del maíz en las bolsas internacionales de los granos en 2023,  apostando a la compra del grano a pequeños y medianos productores con una inversión por hasta 700 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) determinó que, aunque los recursos etiquetados tenían suficiencia para cubrir sus obligaciones, el activo circulante de libre disposición era insuficiente para pagar la totalidad de los pasivos de corto plazo.

Los pasivos sin fuente de pago se generan cuando las obligaciones que deben cubrirse en el corto plazo superan los recursos disponibles para atenderlas. El hallazgo refleja, por tanto, un problema de suficiencia financiera, pero no constituye por sí mismo un daño patrimonial ni forma parte de los 10.2 millones de pesos señalados por la ASE como recuperaciones probables.

Durante la primera etapa de la revisión, la Auditoría calculó una insuficiencia financiera de 4 mil 389 millones 346 mil 248 pesos en recursos no etiquetados.

Ese cálculo partió de una disponibilidad financiera de libre uso por mil 901 millones 396 mil 908 pesos, frente a pasivos de corto plazo inicialmente considerados por 6 mil 290 millones 743 mil 156 pesos.

Entre las obligaciones revisadas se encontraban servicios personales pendientes de pago, adeudos con proveedores y contratistas de obra pública, transferencias, participaciones, retenciones y contribuciones, así como otras cuentas por pagar.

Gobierno atribuye los pasivos al programa de comercialización de maíz

 

El gobierno de Sinaloa presentó documentación para argumentar que parte de la insuficiencia financiera tenía su origen en operaciones relacionadas con el Programa Emergente de Maíz y la comercialización de maíz blanco.

La Secretaría de Administración y Finanzas explicó que al cierre de 2025 se había registrado una disminución en la disponibilidad financiera debido a la merma reportada en centros de acopio y al diferencial de precios relacionado con el programa.

También señaló que los recursos asignados al Programa de Comercialización del Maíz Blanco en el presupuesto de 2024 fueron rebasados, lo que provocó una afectación acumulada durante el ejercicio fiscal siguiente.

Según la respuesta gubernamental, el aumento de los pasivos derivó de ese programa y no de las actividades ordinarias de las dependencias que integran el Gobierno del Estado.

Durante 2025, además, se realizó pagos no presupuestados por sentencias, resoluciones e indemnizaciones laborales, así como erogaciones relacionadas con un incumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria en la Dirección de Coordinación Fiscal.

Después de considerar estos argumentos, los pasivos de corto plazo utilizados para determinar la insuficiencia financiera fueron ajustados a 2 mil 667 millones 527 mil 854 pesos.

Al comparar esa cantidad con los mil 901 millones de pesos disponibles, la cifra definitiva de pasivos sin fuente de pago quedó en 766 millones 130 mil 946 pesos.

Insuficiencia financiera disminuyó

 

El problema financiero no comenzó en 2025. El informe señala que al cierre de 2024 el Poder Ejecutivo ya acumulaba 773 millones 112 mil 207 pesos en pasivos sin fuente de pago.

Entre ambos ejercicios se registró una reducción de aproximadamente 6 millones 981 mil pesos, equivalente al 0.9 por ciento. Esto significa que, aunque la insuficiencia financiera disminuyó ligeramente, se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de un año a otro.

La ASE concluyó que esta situación contravino las disposiciones estatales en materia de control interno y mantuvo el resultado con observación.

Como consecuencia, emitió una recomendación para que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, continúe aplicando y reforzando medidas de disciplina financiera hasta alcanzar los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo.

La recomendación no ordena recuperar dinero ni establece una sanción. Su propósito es que el Gobierno estatal mejore el equilibrio entre sus recursos disponibles y las obligaciones que debe pagar en el corto plazo.