Culiacán, Sinaloa.- Extrabajadores de la Universidad Politécnica del Valle del Évora (UPVE) señalaron a la rectora Imelda Zayas Barreras de presuntos actos de hostigamiento laboral, represalias y despidos injustificados durante su administración.

Sarahí Ovalle, quien se desempeñaba como profesora de tiempo completo, relató que desde la llegada de Zayas Barreras a la rectoría, el 1 de abril de 2022, comenzó a percibir una actitud más autoritaria hacia el personal.

Esto llevó a que en 2023, el tema fuera planteado ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y llegara a oídos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, durante una de sus conferencias llamadas “Semanera”. Sin embargo, pese a que se realizaron reuniones para buscar una solución, en las que participó el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rodrigo López Zavala, las denunciantes señalaron que el hostigamiento continuó.

Explicaron que se realizó una lista de compromisos y acuerdos que al final no se respetaron por parte de Rectoría, y la Secretaría de Educación no hizo seguimiento para investigar las denuncias planteadas por el personal.

A partir de ahí, Sarahí señaló que continuó trabajando en la universidad pese a los presuntos actos de hostigamiento de la rectora, situación que, en su caso, se agravó cuando comenzó a apoyar a estudiantes que exigían explicaciones sobre el cierre de su programa educativo.

“La molestia hacia mi persona creo que empezó desde ahí. Los estuve apoyando (a los estudiantes), haciendo lo que me correspondía como coordinadora, ellos me entregaron el oficio, solicitamos mayor claridad con Rectoría, con dirección general desde México y dentro de la SEPyC por parte del subsecretario de Educación Superior y Media Superior”, dijo.

A raíz de eso, el programa educativo permaneció abierto, pero comenzaron a hacerle comentarios como “Sarahí estás en la cuerda floja”, “Sarahí no queremos que te quedes sin trabajo” y “Sarahí necesitamos que trabajes más”.

El punto culminante llegó en enero de 2025, cuando Sarahí fue despedida. Tras haber regresado de su permiso de maternidad y las vacaciones decembrinas, Sarahí fue llamada a la oficina de Administración y Finanzas para firmar documentos relacionados con su salida, pero se negó a hacerlo, considerando que se trataba de un despido injustificado.

Ante ello, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en marzo de 2025, al considerar que su despido fue discriminatorio, así como una queja en la Unidad de Género y Convivencia Escolar de la SEPyC.

En el caso de la primera no le dio seguimiento porque le pedían testigos de lo ocurrido, y, para ella, representaba un riesgo para otros trabajadores, pues quienes declararan a su favor podrían enfrentar represalias dentro de la universidad.

En cuanto a la SEPyC, Sarahí dijo que la dependencia únicamente le hizo llegar la respuesta de la universidad para justificar su despido y que no hubo una investigación.

“La SEPyC hasta el momento no ha investigado nada”, dijo.

Pero su caso no es el único, pues María Inzunza, otra extrabajadora de la UPVE, también denunció presuntos actos de hostigamiento laboral y aseguró que fue despedida de manera injustificada el pasado 13 de agosto.

Para María, su salida fue una represalia por no estar de acuerdo con las decisiones de la administración y por mantener relación con personas que también han cuestionado el manejo de la institución.

Además, mencionó, ya van alrededor de 15 extrabajadores de la universidad que han sido despedidos o han tenido que renunciar debido a a las condiciones laborales y el ambiente de hostigamiento que, aseguró, se vive dentro de la institución.

Por ejemplo, mencionó, que la rectora vigilaba el tiempo que los trabajadores pasaban en el baño, las veces que acudían, cuánto tardaban en desayunar o cuánto tiempo permanecían en la cafetería.

“A mí varias veces me llamó a su oficina para llamarme la atención porque estaba desayunando, me tardaba más de los minutos que debería estar desayunando, porque iba al baño, me tardaba más del tiempo para ir al baño, que si iba a la cafetería, etcétera”, dijo.

Finalmente, fue notificada de su despido el 13 de agosto de 2026 por medio de un abogado de la universidad. Al igual que Sarahí, se negó a firmar los documentos y señaló que primero los revisaría con sus abogados.

Sarahí mencionó que antes de aprobar su permanencia debieron revisarse las denuncias presentadas por trabajadores y conocer las condiciones en las que se encuentra la comunidad universitaria.

“La SEPyC y quien dio este tipo de ratificación no tiene ni idea, no ha revisado siquiera las denuncias que se han hecho al departamento y mucho menos revisar la inconformidad que generó la publicación de la SEPyC ante la propuesta de ratificación de la señora”, dijo.

Ante ello, hicieron un llamado a la SEPyC y a las autoridades correspondientes para que revisen las denuncias existentes, investiguen los señalamientos contra la rectora y expliquen bajo qué criterios se decidió ratificarla en el cargo.

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