En el territorio kakataibo, en la Amazonía peruana, defender el bosque implica enfrentar invasiones, cultivos ilícitos y grupos vinculados al narcotráfico. Seis líderes de este pueblo han sido asesinados desde 2020 y quienes continúan vigilando sus comunidades deben recorrer con cautela un espacio que, hace dos o tres décadas, consideraban seguro.
“En nuestro territorio andábamos libremente. Podíamos cazar, podíamos pescar, disfrutar de nuestro bosque, pero hoy no. Tenemos que andar prevenidos, tenemos que andar con cuidado”, afirma Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo.
La transformación que describe refleja un problema extendido en Latinoamérica, la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la tierra y el ambiente. El nuevo informe de Global Witness, titulado Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el medio ambiente, advierte que, en 2025, al menos 124 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo y 105 de esos crímenes —casi el 85 %— ocurrieron en esta región.
Un guardián de la comunidad kakataibo de Santa Marta. Este pueblo protege el bosque porque quiere que sus hijos lo conozcan y puedan cuidarlo cuando crezcan. Foto: cortesía Global Witness
La organización ha documentado 2375 asesinatos y desapariciones de larga duración desde que comenzó este registro, en 2012. Aunque los asesinatos disminuyeron frente a los 142 y las cuatro desapariciones registrados en 2024, Global Witness advierte que las cifras probablemente subestiman la magnitud real de la violencia y no necesariamente representan una mejoría.
“Si bien la cifra de asesinatos se redujo, hemos visto que los casos de criminalización de alguna manera han aumentado. En México, por ejemplo, este año se redujeron los números de asesinatos, pero también aumentaron los números de criminalización”, explica Juliana Vélez Echeverri, senior de campaña de Global Witness. Los asesinatos, agrega, son la peor parte de un panorama que también incluye amenazas, desapariciones, acusaciones penales, intimidación y campañas de desprestigio que ponen en riesgo a las personas defensoras.
La violencia se concentra en los territorios
Colombia fue, por cuarto año consecutivo, el país más peligroso del mundo para las personas defensoras. Aunque este país volvió a encabezar la lista mundial, con 39 asesinatos —nueve menos que los 48 documentados en 2024—, el mayor incremento ocurrió en Brasil: pasó de 12 a 26 casos, más del doble en un año. Juntos, ambos países concentraron el 52 % de los asesinatos registrados en 2025.
También cambió la distribución de los casos en otros países de la región con respecto al año anterior. Honduras pasó de seis asesinatos documentados en 2024 a 12 en 2025, mientras que Guatemala bajó de 20 a ocho y México de 19 a 10. Perú registró cuatro asesinatos y Nicaragua y Ecuador, tres cada uno. Ocho de los diez países con mayor número de asesinatos se encuentran en América Latina, en un listado que también incluye a países fuera de la región como Filipinas y Tanzania.
De los 39 asesinatos que ocurrieron en Colombia, 35 estuvieron relacionados con conflictos territoriales. El departamento de Cauca concentró 13 asesinatos, incluidos los de cuatro integrantes de guardias indígenas. Desde 2012, Global Witness ha registrado 171 casos allí, la cifra acumulada más alta registrada por la organización en un departamento. El informe relaciona esta violencia con la ubicación estratégica de Cauca para las rutas de exportación de cocaína y con la expansión de la minería ilegal y otros grupos armados.
En Brasil, la mayoría de los 26 asesinatos se relacionó con demandas de reconocimiento de territorios ancestrales y de reforma agraria. Entre las víctimas había 11 campesinos y siete habitantes indígenas.
Los ataques se concentraron principalmente en los estados amazónicos de Rondônia y Pará, donde el avance de las fronteras agrícolas y extractivas sobre comunidades campesinas está acompañado por invasiones, acaparamiento de tierras y violencia impulsada por taladores ilegales, mineros y ganaderos.
“En Brasil también se reportó un aumento grande, sobre todo, porque los casos que reportamos también son casos de masacres”. explica Vélez. “Y no solo reportamos a la persona defensora que es asesinada, sino también a los familiares u otras personas relacionadas que fueron asesinadas como represalia contra la persona defensora”.
A nivel mundial, las disputas territoriales estuvieron vinculadas con 84 de los 124 asesinatos. Global Witness también relacionó 11 muertes con la minería -dos casos se produjeron en Perú- y otras industrias extractivas, ocho con intereses madereros -todas en América Latina- y seis con la agroindustria -la mitad de los asesinatos ocurrieron en Nicaragua-. En más de un tercio identificó presuntos vínculos con el crimen organizado o con asesinos a sueldo, conocidos comúnmente como sicarios.
“Podemos ver que al crimen organizado, de alguna manera, se le facilita el actuar en lugares donde el Estado ha fallado y no está presente”, dice Vélez. “También hemos visto casos en los que el crimen organizado colabora con entidades estatales y estamos viendo además que son grupos que no solo se dedican a ciertas actividades delictivas, sino que también se pueden conectar con el trabajo que hacen otras industrias y corporaciones, por lo que a veces es muy difícil establecer o identificar a los diferentes perpetradores”.
Los conflictos territoriales todavía están muy concentrados en América Latina, agrega Vélez. Estos incluyen tanto las disputas por el reconocimiento de territorios ancestrales como la falta de acceso a la tierra y de implementación de reformas agrarias para las comunidades campesinas.
La organización señala que más de tres cuartas partes de las víctimas documentadas en 2025 eran indígenas, campesinas o afrodescendientes: 47 eran pequeños agricultores, 44 pertenecían a pueblos indígenas y tres eran afrodescendientes. Siete de las personas indígenas asesinadas formaban parte de guardias comunitarias dedicadas a proteger sus territorios.
Vélez explica que estas comunidades enfrentan riesgos desproporcionados porque sus hogares se encuentran en zonas codiciadas por intereses extractivos, corporativos y criminales. Por ello, al defenderlos, no solo protegen ecosistemas importantes para enfrentar la crisis climática, sino los espacios de los que dependen su vida y su identidad.
La violencia que no aparece en las cifras de asesinatos
De las 124 personas defensoras asesinadas en 2025, 109 eran hombres, 14 mujeres y una persona no binaria. Entre las mujeres, dos casos ocurrieron en Centroamérica y otros dos en México. Sin embargo, el informe advierte que los asesinatos son apenas la parte visible de un “iceberg” de violencia que incluye criminalización, amenazas, vigilancia, hostigamiento y campañas de difamación, amplificadas cada vez más por las redes sociales.
Las defensoras enfrentan estas agresiones de manera persistente. Entre 2012 y 2023, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos documentó más de 30 000 ataques no letales contra mujeres en México y Centroamérica, desde acoso y amenazas verbales hasta vigilancia de sus actividades cotidianas y violencia psicológica.
México muestra con claridad esta tendencia. Aunque los asesinatos disminuyeron de 19 en 2024 a diez en 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró 107 casos de criminalización, además de cientos de hechos de estigmatización, intimidación y difamación.
Las desapariciones también continúan siendo un problema central en el país. En 2025 fue asesinado en Guerrero un defensor que seguía buscando a su hermano, también defensor ambiental, desaparecido desde 2021.
“En México los defensores han sido asesinados y hay un contexto muy profundo y difícil de desapariciones forzadas de larga duración”, sostiene Vélez. “Esto, mientras se les criminaliza y difama en redes sociales, con narrativas que deslegitiman su trabajo, presentándolos como obstruccionistas del desarrollo”.
Cuando esas narrativas son permitidas y se viralizan, agrega, resulta legítimo para los Estados criminalizar a defensores a quienes ya les han destrozado su perfil. “Entonces, podemos ver que hay otras formas en las que los defensores son atacados, no solo con el asesinato; son varias y a esas también hay que ponerles atención”, agrega la especialista.
Documentar estos ataques es cada vez más difícil. Las organizaciones y grupos en defensa de los derechos humanos enfrentan represalias, restricciones al espacio cívico y falta de recursos. La ayuda mundial para el desarrollo cayó 23 % en 2025, la mayor reducción anual registrada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos recortes afectaron a organizaciones que acompañan a comunidades y recopilan información sobre agresiones.
“Hay muchas organizaciones que dependen de estos dineros para desarrollar diferentes proyectos destinados a la protección de personas defensoras, desde campañas y hasta litigios, pero los recortes también han debilitado a organizaciones que recogen y verifican datos, por lo que reducen su capacidad de documentar las violencias”, explica Vélez. “Si no sabemos qué está pasando, es muy difícil responder a lo que no conocemos”, advierte.
“Nos cuidamos entre nosotros”
La respuesta de los pueblos indígenas ante este panorama es uno de los ejes centrales del informe. Global Witness documenta mecanismos de protección colectiva como patrullas territoriales, sistemas de alerta temprana, redes de monitoreo y espacios comunitarios de decisión.
Uno de esos casos es el del pueblo kakataibo, cuyo territorio se extiende entre las regiones peruanas de Huánuco y Ucayali, en la Amazonía. De acuerdo con el informe, su territorio ancestral, de alrededor de 1.5 millones de hectáreas, perdió aproximadamente una quinta parte de su cobertura arbórea entre 2000 y 2023. Según reporta el Instituto del Bien Común (IBC), con sede en Lima, si la tendencia continúa, más de una cuarta parte de sus bosques habrá desaparecido para 2030.
La presión se ha intensificado con el narcotráfico. Entre 2019 y 2023, los cultivos de coca en Ucayali aumentaron más de 600 % hasta superar las 12 000 hectáreas. En un sobrevuelo realizado en 2024 se identificaron tres pistas clandestinas, áreas deforestadas, cultivos de coca y pozas de maceración dentro de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, creada para proteger a pueblos kakataibo en aislamiento.
Desde 2020, seis líderes kakataibo han sido asesinados. Para Segundo Ispón, cada crimen deja una ausencia imposible de reparar.
“Los hijos quedan huérfanos, la madre viuda”, afirma. “Nos quitan un líder, nos quitan una autoridad y ya no volverá”.
Ante las amenazas y la falta de respuesta estatal, las comunidades crearon formalmente la Guardia Indígena Kakataibo en mayo de 2022. Comenzó apenas con unas decenas de integrantes y hoy reúne a más de 150, con bases en diez comunidades. Cada una trabaja junto con sus autoridades para organizar patrullajes, intervenciones y otras acciones de defensa.
“La guardia es un nombre que hemos dado, pero la resistencia siempre ha existido”, explica Ispón. “Nuestra resistencia tiene más fuerza. Estamos más empoderados, no tenemos miedo, pero nos preocupa el día que nos maten: ¿quién va a ver por nuestros hijos y nuestra familia? ¿Quién va a cuidar nuestro territorio? Eso es lo que nos fortalece, la unidad”.
Cuando detectan cultivos de coca, tala o invasiones, las comunidades se reúnen para decidir cómo actuar. En ocasiones dialogan con los responsables y les dan un plazo para abandonar el territorio. Sin embargo, intervenir también puede exponerlas a represalias: según Ispón, algunos infractores presentan primero denuncias por delitos como robo o secuestro y las autoridades terminan criminalizando e investigando a los guardias indígenas.
“En vez de nosotros salir favorables, la autoridad competente favorece al infractor”, denuncia Ispón. “Nos tratan como violentos, como revoltosos. Por eso somos criminalizados, nos tratan de violentos… excusas de las autoridades”.
Los patrullajes de la guardia se realizan sin armas de fuego y con escasos equipos. Mientras los grupos ilegales cuentan con recursos y asesinos a sueldo, los guardias llevan flechas y lanzas tradicionales. Al menos seis integrantes han recibido amenazas de muerte por WhatsApp y redes sociales, de acuerdo con el informe.
“Sin territorio, una comunidad indígena no es pueblo indígena”, explica Segundo Ispón. “Porque en nuestro territorio está nuestro bosque: allí tenemos muchas vidas, la biodiversidad. Están nuestras plantas, están nuestros animales, están nuestros peces en los ríos y todos los seres vivos que enriquecen esta naturaleza. Siempre estamos preocupados por la protección, monitoreando las actividades ilegales y a personas no adecuadas que entran a nuestro territorio”.
Ispón sostiene que la guardia necesita chalecos antibalas, GPS, cámaras, drones, radios y sistemas de comunicación satelital. También pide reconocimiento legal y coordinación efectiva con las autoridades. Además, asegura que las medidas de protección concedidas por el Estado no se han aplicado.
“Podré sentirme protegido cuando tenga un chaleco antibalas en mi cuerpo”, afirma. “Un documento no me va a proteger a mí”.
Vélez aclara que estos sistemas comunitarios no sustituyen las obligaciones de protección de los Estados. El informe de Global Witness recomienda que los gobiernos reconozcan la protección colectiva, la financien cuando sea apropiado y la integren en sus políticas.
También plantea que los mecanismos estatales deben tener un carácter civil, estar basados en derechos y responder a los contextos culturales, evitando enfoques militarizados que puedan agravar los riesgos. Para el caso peruano, el Instituto de Defensa Legal (IDL) propone además mecanismos interculturales de colaboración entre las guardias indígenas y las autoridades, así como equipos y apoyo logístico, operativo y técnico.
Además, la protección colectiva va más allá del patrullaje. Tres de las seis personas que integran el directorio de la Guardia Kakataibo son mujeres, quienes han incorporado el combate a la violencia de género, la participación política y la transmisión cultural entre sus prioridades.
“No es solo monitorear el territorio”, sostiene Vélez. “Son procesos organizativos mucho más profundos que van hacia la protección de la vida”.
El informe exige atender las causas estructurales de la violencia, garantizar los derechos colectivos sobre la tierra, combatir la impunidad, proteger el espacio cívico, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú y colocar a las personas defensoras en el centro de las políticas climáticas y de biodiversidad.
Para Ispón, mientras esas medidas se materializan, la protección con la que cuentan actualmente los kakataibo proviene principalmente de su propia organización comunitaria.
“No sentimos protección de parte del Estado, sino entre nosotros, entre pueblos, entre apus; por eso estamos alertas en cualquier momento”, concluye el defensor. “Nosotros corremos riesgo, pero estamos preparados para dar nuestras vidas por nuestro territorio, por el bosque”.
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