Una semana después que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobara y firmara, el pasado 21 de septiembre, un acuerdo para realizar las audiencias públicas para discutir la reforma que propone actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), académicos, científicos, sociedad civil, activistas y defensores ambientales se reunirán durante tres días en el Palacio Legislativo de San Lázaro para discutirla.

Las audiencias públicas se llevarán a cabo del 28 al 30 de septiembre en la Cámara de Diputados y cada día se desarrollarán dos mesas de trabajo.

En este ejercicio estarán presentes 120 personas, entre defensores ambientales, activistas, ciudadanos, académicos, científicos y organizaciones del sector público y privado, como es el sector turístico y empresarial que se registraron para participar y presentar sus aportaciones.

PARLAMENTO PÚBLICO: UN ESPACIO PARA PROPONER Y DISCUTIR

 

Este lunes, la bienvenida a las audiencias públicas corrió a cargo de la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

En su discurso, la diputada señaló que una legislación como la que está a discusión se debe construir escuchando a todas las voces y no desde una oficina. También destacó que la justicia social debe ir acompañada de una justicia ambiental.

“Hoy vivimos una situación diferente (…) Hoy tenemos una crisis de cambio climático que nos obliga a trabajar en la prevención y el cuidado y no solo en el mantenimiento, en la prevención, restauración, cuidado y sanción de quien esté afectando al medio ambiente. El planeta es nuestro, (…) así que tenemos que trabajar en equipo para cuidarlo”, dijo Benavides Cobos.

En tanto, Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destacó que este Parlamento Abierto con las audiencias públicas es un espacio para todas las voces que requieren ser escuchadas.

“Abrir un parlamento abierto es una instancia única e histórica, y sobre todo en este tema ambiental, donde hay tanta gente que ha manifestado su interés y eso me parece maravilloso (…) vamos a escuchar en esta semana a todas las organizaciones, a todas las instituciones (…) es un espacio en el cual no solamente es escuchar, sino también considerar estas propuestas en lo que vaya a ser la ley que ustedes van a dictaminar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”, señaló la funcionaria.

Previo al inicio de las intervenciones de científicas y científicos, Bárcena Ibarra subrayó que en este espacio de diálogo se espera encontrar coincidencias para lograr una ley inclusiva y que esté a la altura de los desafíos que enfrenta México.

“Estamos seguros que puede surgir una voluntad colectiva y que seamos capaces de crear una ley que cuide nuestra riqueza natural, que también reconozca los saberes tradicionales, que involucre a la ciencia y a la tecnología y que, desde luego, este marco dure por lo menos otras décadas en donde las generaciones futuras no nos reclamen, y nos digan: bueno, hicieron su trabajo, hicieron lo posible”, añadió.

CIENTÍFICOS Y ESPECIALISTAS SEÑALAN DEFICIENCIAS EN IMPACTO AMBIENTAL

 

La primera mesa de trabajo se tituló “Academia, investigación e investigadores. Análisis técnico y jurídico a la nueva ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente”, fue moderada por la diputada Xóchitl Ramírez, de Morena.

Durante dos horas, las personas especializadas y científicas que participaron en esta mesa presentaron su análisis y propuesta a la iniciativa en un tiempo de 5 minutos.

Jesús Enrique Pablo Dorantes, fundador de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental A. C., enfocó su participación en analizar la propuesta del gobierno federal sobre la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).

Alertó que la Evaluación Ambiental Estratégica no debe sustituir a la Evaluación de Impacto Ambiental ya que, la EAE compara opciones de desarrollo pero no realiza inventario bióticos de especies en peligro de extinción, no modela escalas ni garantiza la participación de las comunidades, “es una visión integral que se puede aplicar a cualquier tipo de política”, dijo.

Por el contrario, la Manifestación de Impacto Ambiental sí evalúa los proyectos con coordenadas exactas. Por ello, el experto subrayó que respecto a ambas herramientas “el texto propuesto constituye un régimen preferencial para las obras gubernamentales; propone eliminar privilegios para proyectos públicos”.

Daniela Pedroza Paez, académica del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió que es un error técnico ilegal hacer equivalentes a la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental, ambos instrumentos de la política ambiental.

Otro riesgo, indicó, aparece en el Artículo 53 de la nueva iniciativa que está permitiendo la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental posterior al inicio de una obra o actividad, “esto desvirtúa el objetivo preventivo del instrumento y amenaza nuestro derecho a un medio ambiente sano”, advirtió la académica.

Pedroza Paez también destacó deficiencias relacionadas a la participación ciudadana ya que, ni en la Evaluación Ambiental Estratégica ni en la Evaluación de Impacto Ambiental se menciona que se tiene que hacer una consulta pública a la comunidad que pueda ser afectada por un megaproyecto.

Además, indicó que en la sección de Impacto Ambiental sigue diciendo “podrá hacer una consulta pública”. Incluso, enfatizó que no hay una obligación para transparentar y justificar cómo se consiguieron las observaciones que recibe la Secretaría de Medio Ambiente sobre un proyecto.

“En este sentido no se está cumpliendo que se está fortaleciendo la participación ciudadana que lo establece el documento sobre la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Acuerdo de Escazú. Por ende, se debe incluir como una obligatoriedad [la participación ciudadana]”, subrayó.

María Zorrilla Ramos, académica del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la Universidad Iberoamericana también fue parte de las personas especialistas que se presentó ante la Cámara de Diputados enfocando su participación en la biodiversidad y el patrimonio geológico del país. La experta puso como ejemplo las grutas y cavernas de Guerrero y Yucatán, y el Paricutín de Michoacán, espacios que no sólo resguardan la historia del planeta sino también, son sitios sagrados para las comunidades indígenas de México.

En su intervención pidió incorporar en el Artículo 3 de la actual Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y la propuesta de reforma del gobierno federal y la Semarnat, al patrimonio geológico de México y la geodiversidad dentro y fuera de las Áreas Naturales Protegidas, con dos definiciones: geopatrimonio y geositio.

LA DEFENSORA RAQUEL NÁJERA LLEGA AL PARLAMENTO ABIERTO

 

La defensora ambiental y directora del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), en el estado de Jalisco, Raquel Gutiérrez Nájera, también participó en el parlamento abierto, donde habló del reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derecho y el acceso de justicia.

“Todavía se tiene un esquema complicado porque el que tenemos, aún, hoy día es un esquema público-privado que dificulta mucho la defensa de los bienes comunes, de los servicios ecosistémicos y los servicios ambientales”, señaló la defensora.

En ese sentido, propuso transitar hacia esquemas de administración pública ambiental y unificar procedimientos ambientales como la inspección y verificación de hechos para tener uno solo.

“Un solo procedimiento donde se vean los principios, las pruebas, los peritajes y los estudios, el contenido de las sentencias y las medidas cautelares que sea conveniente emitir. Esto ayudaría mucho para el desahogo de las pueblas porque los jueces generalmente no saben derecho ambiental”, propuso.

La defensora también enfatizó que esta reforma a la ley ambiental debe entender la interdependencia entre los recursos naturales y la vida humana, “sino entendemos esto y no la plasmamos en el acceso a justicia vamos a seguir con un alto grado de impunidad como hasta ahora se vive en México”, subrayó.

Raquel Gutiérrez Nájera es defensora ambiental, doctora en Ciencias Penales en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México y maestra en Derecho Penal de la Universidad de Guadalajara. Incluso es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, en la categoría de Investigador Nacional.

En 2018, la doctora Gutiérrez Nájera y una asociación de colonos en Jalisco, interpuso el amparo 3431/2018 ante el entonces Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo, en contra del desarrollo inmobiliario promovido por Inmobiliaria Lisco S.A. de C.V. y Banco Azteca S.A.

El proyecto no contaba con manifestación de impacto ambiental y contraviene la densidad habitacional permitida en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano ZPN-09 “El Nixticuil”, dada su cercanía con las Áreas de Protección Hidrológica del Bosque del Nixticuil, San Esteban y El Diente, así como con la Barranca del río Santiago y el río Blanco.

Desde entonces, Raquel es víctima de criminalización. Por ello, organizaciones de la sociedad civil como Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) se pronunciaron en 2025 para exigir un alto a la intimidación en contra de la defensora.