Culiacán, Sinaloa.- Aunque oficialmente el proceso electoral local 2027 todavía arranca en Sinaloa, los movimientos políticos de quienes buscan aparecer en las boletas ya han comenzado a generar conversación.

El tema ha llegado incluso a los organismos electorales. Varias de las actividades de quienes participaron en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación estatal han sido denunciadas por partidos políticos y ciudadanos, pero al momento de resolver estos casos las autoridades electorales no siempre han coincidido en la interpretación de los hechos.

Como ejemplo, en uno de los procedimientos contra Imelda Castro, el IEES concluyó inicialmente que no había elementos suficientes para acreditar actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada ni uso indebido de recursos públicos. PAN y Movimiento Ciudadano impugnaron la resolución y el TEESIN ordenó al Instituto reponer el procedimiento por considerar que la investigación no había sido lo suficientemente exhaustiva.

El expediente regresó entonces al IEES, que realizó nuevas diligencias y determinó nuevamente que no se acreditaban las infracciones señaladas.

Luego, la resolución volvió a ser impugnada ante el TEESIN, por lo que el caso tuvo que regresar nuevamente al Instituto para su revisión. Este procedimiento se repitió hasta en tres ocasiones.

En otro procedimiento contra la senadora con licencia, IEES sí acreditó promoción personalizada, aunque determinó que no se configuraban actos anticipados de precampaña o campaña ni uso indebido de recursos públicos. El TEESIN confirmó esa infracción y posteriormente la Sala Regional Guadalajara pidió revisar nuevamente los elementos temporal y objetivo del caso.

“Nosotros en el primero siempre dijimos que esos hechos eran muy remotos, todos ocurrieron en 2025, y que por lo tanto estaba muy alejado. En el segundo asunto hay hechos que ocurrieron inclusive en junio de este año. Nosotros dijimos que sí son hechos alejados al debate político, a muchos procesos, el Tribunal lo confirmó, pero Sala de Guadalajara dice analiza a profundidad y justifica el por qué consideras que sí está cercano si el proceso inicia en diciembre”, dijo Arturo Fajardo, consejero presidente del IEES.

El punto que ha generado diferencias entre las autoridades electorales no está únicamente en la temporalidad de los hechos, sino también en la forma en que deben analizarse las expresiones y actividades denunciadas.

Para el presidente del IEES, precisamente ahí hace falta mayor claridad por parte de los tribunales, de manera que el Instituto pueda aplicar criterios definidos al momento de resolver las denuncias que continúan llegando.

“Aquí ¿Qué falta? Que los tribunales establezcan criterios ya definidos, incluso faltó que los establecieran desde el proceso pasado, que dejará bien claro qué conductas pueden llegar a ser constitutivas”, dijo.

En el caso del IEES, agregó, su tarea es aplicar la ley y los criterios que establezcan los tribunales, incluso cuando estos impliquen volver a revisar alguno de los asuntos ya resueltos.

“Y si los criterios que los Tribunales han establecido nos dicen que es necesario que haya cierto matiz en algunas expresiones para que pueda considerarse actos anticipados de campaña o que es necesario que los hechos ocurran muy cercanos al proceso electoral, pues así tenemos que resolver”, dijo.

Esto, haciendo referencia a criterios como el de la existencia o no de un llamado al voto o algún otro elemento que permita considerar que se trata de una conducta de carácter electoral.

Fajardo Mejía consideró que contar con criterios definidos permitiría al Instituto resolver con mayor certeza los procedimientos que lleguen antes y durante el proceso electoral, pero también daría claridad a quienes aspiran a un cargo y a la ciudadanía sobre lo que pueden y no pueden hacer.

Sin embargo, reconoció que aunque el proceso electoral está por iniciar, estos criterios no se han definido por los tribunales.

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