La amenaza a las instituciones de gobierno que significan los restos humanos colocados en la zona en que se ubica el edificio sede del gobierno de Mazatlán contienen múltiples mensajes, pero un solo destinatario: las instancias de autoridad constitucionalmente erigidas se encuentran en la misma situación de riesgo que desde hace más de dos años asedia a ciudadanos y sectores pacíficos.

Se trata de otra tentativa del crimen organizado para instalarse como poder de facto, por encima del aparato legítimo del Estado, y por el solo hecho de ubicar el elemento de intimidación frente al Ayuntamiento de Mazatlán contiene un significado expandido al resto de la población que corrobora la ineficiencia de los operativos federales y estatales para reponer la seguridad pública.

Este hecho no puede tratarse como evento de nota roja ni con la propensión gubernamental a reducir la violencia en lugar de erradicarla, sino con la estrategia apegada a la realidad que está a la vista de todos y en la medida que sean las preocupaciones y capacidades para responder a la delincuencia conforme lo establece el marco jurídico lograr el restablecimiento de la tranquilidad y el predominio de la ley.

La pregunta obligada consiste en cómo logra el crimen pasar desapercibido para colocar los restos humanos en la zona que es considerada como cuadrante prioritario en los operativos de seguridad, y qué otros puntos estratégicos para la viabilidad social, económica y política se hallan vulnerables en la acometida delictiva que actúa en el lugar y hora que se le ocurra.

Determinar la lectura política respecto a este proceder criminal queda a cargo de las instancias de procuración y administración de justicia sin que la impunidad predomine como impera en casi la totalidad de los delitos. En caso de ser dirigida la amenaza a la institución municipal, de cualquier forma tiene impacto en el tejido social completo, en las actividades productivas y en el desempeño de la función pública.