La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este miércoles que inició investigaciones de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Además, anunció un estudio histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales de empresas y servidores públicos, en línea con la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum de investigar la asignación de contratos a un grupo reducido de empresas y revisar las administraciones anteriores del organismo electoral.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer tres líneas de trabajo: las investigaciones de oficio sobre las contrataciones de los organismos electorales; el análisis histórico de sus adquisiciones durante los últimos 25 años, y una auditoría integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado ejercido en los OPLEs.

La ASF explicó que estas revisiones se derivan de los trabajos de inteligencia realizados por la institución y del análisis de la información que solicitó a las entidades federativas, cuyos resultados advierten sobre irregularidades históricas en el ejercicio de los recursos públicos relacionados con los organismos electorales.

La dependencia señaló que el estudio de las adquisiciones permitirá identificar y dar a conocer los patrones de contratación, la concentración de proveedores y las prácticas ilegales en las que pudieran haber incurrido grupos empresariales y servidores públicos.

Crisis y dimisión en el INE

En el caso del INE, las investigaciones se desarrollan después de que se difundieran señalamientos sobre presuntos conflictos de interés, anomalías en licitaciones y contratos millonarios durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del organismo el pasado 26 de octubre.

La salida de Taddei ocurrió después de que se difundieran reportes sobre presuntas irregularidades en contrataciones de materiales electorales, particularmente las relacionadas con la empresa Cajas Graf y firmas vinculadas con su red de proveedores, así como información sobre la relación de la entonces consejera presidenta con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de empresas dedicadas a la fabricación de insumos electorales.

De acuerdo con los señalamientos difundidos, las empresas vinculadas con Hernández Casillas habrían obtenido al menos 500 millones de pesos en contratos con el organismo electoral. Entre los materiales que producen se encuentran mamparas plegables, urnas de plástico, cajas contenedoras de paquetes electorales, papelería de seguridad y boletas.

El 23 de octubre, la ASF formalizó indagatorias en el INE ante indicios de posibles daños al erario y conflictos de interés. Tres días después, el 26 de octubre, Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados, luego de haber anunciado su decisión un día antes mediante un comunicado del organismo.

Tras su salida, el Consejo General del INE aprobó la designación de Blanca Cruz García como presidenta provisional. Además, comenzó una revisión de la estructura ejecutiva y de los cargos de primer nivel del instituto, que derivó en renuncias de funcionarios que habían sido nombrados durante la administración de Taddei.

El llamado de Sheinbaum

Las investigaciones anunciadas por la ASF también se producen después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera revisar las contrataciones del INE y determinar si existen elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria sostuvo que corresponde a la Auditoría Superior determinar, a partir de los resultados de sus revisiones, si existen elementos para iniciar procedimientos penales o administrativos contra quienes resulten responsables.

“Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, pues se presenta a la Fiscalía General de la República. Si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa”, indicó.

Sheinbaum explicó que la ASF es la instancia facultada para auditar a los organismos autónomos, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realiza esas tareas en las dependencias de la administración pública federal.

Revisión histórica y llamado a la cautela

La presidenta también señaló que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en la gestión de Taddei, sino abarcar las administraciones anteriores del organismo electoral, debido a que la concentración de contratos en un grupo reducido de empresas tiene antecedentes de varios años.

En ese sentido, cuestionó que las mismas compañías hayan concentrado durante distintos periodos las contrataciones para producir materiales electorales y planteó revisar tanto los procedimientos de licitación como la participación de funcionarios y proveedores.

La mandataria recordó que las condiciones de contratación se mantuvieron durante administraciones anteriores, incluida la presidencia de Lorenzo Córdova, y señaló que el análisis debe permitir conocer cómo se establecieron y mantuvieron esos esquemas de adquisición.

También planteó revisar los lineamientos de contratación para ampliar la participación de empresas en las licitaciones y fortalecer la capacidad de Talleres Gráficos de México para producir materiales electorales, con miras a modificar el esquema de adquisición de estos insumos antes de las elecciones de 2027.

Sheinbaum pidió no anticipar responsabilidades ni plantear sanciones antes de que concluyan las investigaciones. Al referirse a las posibles consecuencias para Taddei y otros funcionarios, insistió en que primero deben realizarse las auditorías y determinarse si existen elementos para proceder ante las autoridades correspondientes.

“Tiene que haber una investigación, o sea, no se adelanten”, señaló la mandataria al referirse a los señalamientos contra la exconsejera presidenta.