Tras agotar los recursos legales en México, integrantes de comunidades indígenas de Ahome, Sinaloa, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar afectaciones a sus derechos y exigir la cancelación del proyecto de amoniaco que Gas y Petroquímica de Occidente construye en Topolobampo.

“Por todo lo presentado, solicitamos atentamente a esta H. Comisión que dé trámite a la presente petición, a efecto de que se pronuncie sobre su admisibilidad, analice las violaciones de derechos humanos denunciadas mediante un informe de fondo y, de ser necesario, someta el caso a la Corte IDH, para lograr la cancelación del proyecto”, se puede leer al cierre del Apartado VIII: “Alegatos”, de la petición.

 

Integrantes del pueblo indígena Mayo-Yoreme, agrupados en el colectivo ¡Aquí No! y acompañados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace México, presentaron la petición para denunciar presuntas violaciones a sus derechos por parte del Estado mexicano.

Para Felipe Montaño, representante de ¡Aquí No! y líder indígena Mayo-Yoreme, acudir al organismo internacional es otro paso en una lucha que las comunidades no están dispuestas a abandonar.

“Como en todo, hay acciones que uno debe emprender para continuar con esta lucha, con esta resistencia. Así como hemos buscado y tocado puertas, esperamos que en la CIDH vuelvan a escucharnos y a tomar cartas en el asunto”, expresó.

 

El dirigente sostuvo que el conflicto dejó de ser únicamente una demanda de las comunidades cercanas a la bahía, debido a los riesgos que, advierten, representa instalar una planta de este tipo en la zona.

“Esto ya no le compete nada más a un colectivo; esto es un tema a nivel estatal y nacional por la extrema peligrosidad que representa instalar este proyecto en nuestra bahía”, advierte.

 

La petición, presentada en septiembre de 2026, señalan presuntas violaciones al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, así como a los derechos a un medio ambiente sano, al agua, a la información ambiental y al acceso a la justicia.

La comunidad busca frenar la planta de amoniaco

 

El recurso internacional busca que se revise la autorización ambiental concedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa filial del grupo suizo-alemán PROMAN, para construir y operar una planta con capacidad de producir 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día en Topolobampo.

Su ubicación es uno de los principales motivos de oposición, pues la planta se encuentra ya en construcción dentro del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional desde 2009 por su valor ecológico.

Las comunidades opositoras advierten que la operación de la planta de amoniaco amenaza la actividad pesquera, principal sustento de numerosas familias de la zona, así como el vínculo cultural y espiritual que el pueblo Mayo-Yoreme mantiene con su territorio.

Los representantes de las comunidades sostienen que la construcción del complejo amenaza los ecosistemas de la bahía, particularmente los manglares y las especies que dependen de este humedal.

Esperan un “aliento de esperanza”

 

Para Felipe Montaño, acudir al organismo interamericano representa una nueva oportunidad para que las demandas de las comunidades sean escuchadas, después de años de buscar una respuesta de las autoridades mexicanas.

El dirigente dijo que esperan que la Comisión emita una determinación que permita fortalecer su lucha jurídica y acercarse a la cancelación definitiva del proyecto.

“Esperamos tener una respuesta de la CIDH para contar con un aliento de esperanza de que pronto se retire este proyecto. Confiamos en que la opinión y determinación de la Comisión tenga la fuerza vinculante necesaria para que el proceso jurídico nacional cobre mayor firmeza y podamos llegar finalmente a la cancelación definitiva de la planta de amoniaco”, sostuvo.

 

De acuerdo con la documentación presentada por sus representantes, integrantes de ¡Aquí No! han requerido medidas de protección por las amenazas e intimidaciones relacionadas con su defensa del territorio.

Diez relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas enviaron en 2025 una comunicación al Estado mexicano para expresar su preocupación por los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto.

La comunidad Mayo-Yoreme espera que la CIDH admita y examine su petición. Entre sus solicitudes está que se determine la responsabilidad internacional del Estado mexicano y que, eventualmente, el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En contraparte con lo señalado por las comunidades que rodean a la bahía de Ohuira, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) ha rechazado que su proyecto represente un riesgo para el sistema lagunar. La empresa sostiene que cuenta con estudios técnicos, evaluaciones ambientales y autorizaciones de Semarnat para prevenir y mitigar posibles afectaciones.

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