Por Edgar Ledesma / Animal Político

Las empresas investigadas por sus contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE) comparten socios y representantes. Entre sus apoderados aparece un exempleado registrado como chofer de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó 89 conexiones entre empresas proveedoras y personas relacionadas con el instituto electoral, en un análisis que comprende siete compañías y 83 personas, como parte de la revisión de las contrataciones electorales.

Entre las personas mencionadas figura Jonathan N., extrabajador del INE y apoderado de Corporativo ZEG, de quien la Auditoría reporta percepciones por 601 mil 751 pesos, entre mayo de 2025 y marzo de 2026, sin precisar quién las pagó ni por qué concepto.

Foto: INE

Su relación con la empresa ya había sido publicada en octubre, cuando se documentó que Jonathan N. tenía, desde junio de 2023, un poder general para pleitos y cobranzas de ZEG, que le permitía representarla en asuntos legales, antes de incorporarse al INE, en abril de 2025, registrado como chofer de la presidencia.

“Jamás fue mi chofer”, sostuvo Guadalupe Taddei el 21 de octubre, en un mensaje a medios en el que reconoció que Navarrete estuvo adscrito a su oficina y aseguró que ya no trabajaba en el instituto, aunque no explicó qué funciones desempeñó.

El mapa de relaciones difundido por la ASF el jueves incorpora ese caso a una investigación más amplia, en la que el organismo identifica “vínculos entre empresas proveedoras y personas relacionadas con el INE”, en la que aparecen personas que participan en más de una empresa como socios, integrantes de sus órganos de administración, apoderados o representantes.

Eso es lo que contabilizan las 89 conexiones, las relaciones entre personas y compañías, no así el número de contratos ni de irregularidades acreditadas. Además, la lámina no desglosa la totalidad de las 83 personas comprendidas en el análisis.

Uno de los ejemplos es Alejandro N., a quien la ASF identifica como socio de Corporativo ZEG y delegado de las asambleas de Formas Finas y Materiales, de modo que una misma persona participa en las dos empresas.

ZEG también está conectada con Cajas Graf mediante César N., Omar N., Fernando N. y Raymundo N., quienes aparecen en ambas compañías con distintos cargos o facultades de representación, mientras Tatiana N. enlaza a Cajas Graf con Seriplast de México.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE Foto: INE

Empresas “hermanas” competían el mismo contrato
Las conexiones son relevantes para revisar las compras públicas, porque algunas de esas compañías presentaron propuestas separadas para obtener una misma contratación del INE.

Así ocurrió en la licitación LP-INE-001/2025, convocada para comprar urnas, mamparas y dados marcadores para la elección judicial, cuyo fallo –dado el 7 de febrero de 2025– registra una propuesta de Cajas Graf en conjunto con TOL Producciones y otra de Corporativo ZEG, ambas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas.

El expediente, consultado para esta nota, permite ubicar a las empresas vinculadas por la ASF dentro de un mismo concurso, aunque esa coincidencia, por sí sola, no acredita que hayan acordado sus ofertas.

Los registros públicos también permiten rastrear desde cuándo algunas personas representaban a las proveedoras, pues los padrones del Instituto Electoral del Estado de Puebla de 2014 y 2016 ya identificaban a Tatiana Patricia Hernández Velázquez como representante legal de Seriplast de México, dedicada a fabricar material electoral.

El rastro de las factureras

Además de las conexiones corporativas, el mapa de la ASF reporta operaciones por 21.3 millones de pesos en las que proveedores de Corporativo ZEG trabajaron con proveedores autorizados de certificación, conocidos como PAC, cuyas certificaciones fueron revocadas.

Los PAC se encargan de validar y timbrar facturas electrónicas, por lo que ese señalamiento corresponde a la revisión de la facturación de las operaciones, un aspecto distinto de los socios y representantes que comparten las empresas.

El monto de 21.3 millones ya había sido informado por la Auditoría el 30 de octubre, cuando explicó que había detectado operaciones con compañías dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras.

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