Culiacán, Sinaloa.- La investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de papelería electoral por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) debe llegar hasta sus últimas consecuencias, esclarecer quiénes estuvieron involucrados y garantizar que se resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al país, consideró la senadora con licencia y coordinadora estatal por la defensa de la Transformación en Sinaloa, Imelda Castro Castro.

Señaló que durante casi tres décadas se mantuvo una relación comercial-institucional con un mismo proveedor (Alfredo Hernández Casillas) para abastecer de papelería al organismo electoral, situación que por los montos económicos que se han señalado, requiere una revisión exhaustiva y la determinación de posibles responsabilidades.

Imelda Castro sostuvo que no basta con medidas como el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE), sino que es necesario profundizar en las investigaciones para conocer cómo se mantuvieron estas operaciones durante casi tres décadas, si existió protección o encubrimiento por parte de quienes estuvieron al frente de las autoridades electorales.

“Que por casi 30 años se estuvo tapando, cobijando por parte de los que desfilaron en la presidencia en su momento del IFE y sobre todo del INE, que se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué en 27 años la misma empresa, la del mismo proveedor estuvo vendiéndole al Instituto Electoral la papelería? Se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, no solo congelar cuentas bancarias, sino también tiene que haber justicia en este caso y resarcir el gran daño patrimonial que se le hizo al país”.

La coordinadora estatal por la defensa de la Transformación en Sinaloa insistió en que el esclarecimiento de estos hechos debe contemplar no solamente las posibles sanciones para quienes resulten responsables, sino también mecanismos para recuperar los recursos públicos que presuntamente se hayan manejado de manera irregular.

Consideró que la rendición de cuentas es indispensable cuando se trata del patrimonio de las instituciones y del dinero de los mexicanos. Reiteró que las autoridades competentes deben agotar las líneas de investigación, transparentar los resultados y actuar conforme a derecho, a fin de que este caso no quede únicamente en señalamientos o medidas administrativas, sino que se traduzca en justicia y en la recuperación de los recursos públicos que, en su caso, se compruebe que fueron afectados.