Culiacán, Sinaloa.- Cuando Rosa Carmina Armenta Reséndiz estaba cursando la secundaria y preparatoria, atravesó situaciones que la llevaron a buscar ayuda psicológica. Sin embargo, la falta de recursos en ese momento y la ausencia de protocolos en materia de salud mental le negaron el acceso a la atención que requería.

Es por ello que este martes acudió a Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Sinaloa con el fin de entregar una iniciativa ciudadana que busca atender de manera estructural la salud mental en el ámbito educativo, mediante una reforma a las leyes de Educación y de Salud del Estado que establezca la obligatoriedad de contar con psicólogos de planta en todas las escuelas secundarias y preparatorias públicas de Sinaloa.

La propuesta también contempla la creación de una red estatal de unidades comunitarias de salud mental para ofrecer atención psicológica y psiquiátrica gratuita, con servicios de urgencias emocionales disponibles las 24 horas del día.

Rosa Carmina explicó que la falta de recursos económicos representa una de las principales barreras para que las y los jóvenes puedan acceder a atención psicológica. Señaló que una consulta particular puede costar entre 800 y mil 500 pesos, cantidades que muchas familias no pueden cubrir.

“Estamos viviendo actualmente sobre todo la inseguridad y la violencia, y eso nos afecta mucho a los jóvenes de hoy en día. La mayoría de los jóvenes no tienen dinero, no tienen acceso a un psicólogo”, expresó.

A esta situación se suma la necesidad de que las escuelas cuenten con herramientas para identificar y atender oportunamente los problemas de salud mental entre sus estudiantes. La ciudadana señaló que tanto su experiencia como las situaciones que han enfrentado personas cercanas la llevaron a plantear esta propuesta.

¿Qué propone la iniciativa?

 

El proyecto plantea adicionar el artículo 74 Bis a la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, con el propósito de que la autoridad educativa garantice, de manera progresiva, la adscripción permanente de al menos un profesional titulado en psicología en cada plantel público de secundaria y educación media superior.

Entre sus funciones estarían la prevención, detección temprana de factores de riesgo psicosocial, contención emocional primaria, promoción de una cultura de paz y canalización de estudiantes que requieran atención especializada.

Por otra parte, propone adicionar el artículo 68 Bis a la Ley de Salud estatal para que la Secretaría de Salud establezca y opere una red de unidades comunitarias integrada por centros regionales y módulos municipales.

Estos espacios brindarían atención psicológica y psiquiátrica gratuita, accesible y continua, además de servicios de urgencias emocionales y prevención del suicidio durante las 24 horas. También tendrían coordinación con las autoridades educativas para recibir a estudiantes canalizados desde los planteles.

La iniciativa contempla que la implementación se realice en un plazo máximo de cinco ejercicios fiscales, con prioridad durante los primeros dos años para municipios y polígonos con mayor incidencia de violencia y vulnerabilidad social.

Para ampliar la cobertura, también propone establecer convenios de servicio social supervisado con escuelas y facultades de psicología de universidades públicas de Sinaloa.

El documento establece que las secretarías de Educación Pública y Cultura y de Salud tendrían un plazo de 90 días naturales, después de la entrada en vigor del decreto, para emitir los lineamientos operativos y protocolos de canalización correspondientes.

La iniciativa ciudadana quedó presentada ante el Congreso del Estado para su trámite legislativo.

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