Lo avanzado es poco ante la devastación y atrocidad derivadas de casi 14 meses de choque frontal entre células del narcotráfico y el impacto propio de incertidumbres de tipo social, económica y política.
EDITORIAL
La indignación que mostró hoy la presidenta por los sucesos de Uruapan, irritación extensiva a todo el país, debe ser punto de partida para que el Estado haga más en la tarea de reponer la seguridad y legalidad.
La Fiscalía de Sinaloa puede resaltar con la debida investigación que detecte y ponga a disposición de la justicia a los que operaron este cargamento humano en el barco fantasma que cruzaba el Mar de Cortés.
Al gobernador no le conviene que las reyertas por las candidaturas que empiezan a ser visibles en su partido se agreguen a la inestabilidad social, política y económica que presenta Sinaloa.
La ampliación a Badiraguato del conflicto interno en el CDS, teniendo a La Tuna como trofeo de guerra, de ni guna manera debe significar nuevos territorios que los criminales le ganan al Gobierno.
La pongan como la pongan, la crisis del campo en Sinaloa es igual aquí y donde sea porque el abandono del gobierno es semilla que únicamente hace germinar mayor atraso e inconformidad.
El sentimiento social está herido, experimenta miedo infundido por el crimen y orfandad asestada por el gobierno, sin que en estos momentos le importen los apetitos de poder que se aprestan a pelear por la estafeta política.
El caso es que las renuncias, enroques o reacomodos muestran una de tantas crisis en que está inmerso Sinaloa.
Mazatlán también es parte de la crisis de la seguridad pública en Sinaloa y el plan gubernamental para rescatarlo como lugar seguro debe ir más allá de la llegada de refuerzos de fuerza pública y discursos que ocultan los peligros.
En medio del fuego cruzado, los sinaloenses ya no preguntamos cómo es que llegamos hasta aquí sino cuándo acabará esta barbarie.
