Los cualiacanenses, no se diga los gobernantes, nunca dejemos de resaltar las virtudes de la ciudad que con orgullo y pertenencia nos hacen resistir las embestidas que la quieren hacer ver como zona de barbarie.
EDITORIAL
En el orden de prioridades, los recursos públicos le urgen más a las tareas de seguridad pública que coadyuven a dejar atrás los varios modos de impacto que ocasiona la violencia.
Los golpes asestados al crimen organizado son todavía insuficientes para sentar condiciones de tranquilidad tanto con base a los hechos como en la sensación de peligro que persiste en la ciudadanía.
La ciberseguridad es una emergencia de nuestros tiempos debido a familias, empresas y dependencias que están en riesgo de ser víctimas de redes delictivas que van más adelante que las capacidades del Estado para contenerlas.
La imprudencia de empoderar al narcotráfico más de lo que ya está poniéndolo como benefactor social coadyuva a la normalización de la acometida criminal.
Por más que la realidad mexicana en materia de violencia exacerbada y gobierno rebasado genere simpatías a favor de la intervención simiesca de Trump, importa luchar porque dicha colabotación sea coordinada bilateralmente y con la garantía de respeto pleno a los derechos humanos.
La población pacífica necesita en lugar de estadísticas que a nadie alientan, la recuperación de la paz positiva tan esperada por la sociedad y prometida por el gobierno durante 16 meses de narcoguerra en Sinaloa.
Por cada día que se prolonga la narcoguerra en Sinaloa las principales víctimas directas son las instituciones y quienes las presiden, el anhelo de tranquilidad sostenida en la ley, y las oportunidades de desarrollo económico lícito.
Es necesaria la intervención social más decidida para empujar decisiones de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobernador Rubén Rocha Moya tendientes a recuperar el Sinaloa que queremos para vivirlo, en toda la dimensión de tal esperanza.
Las fronteras con Nayarit y Durango son consideradas zonas estratégicas por las cuales las organizaciones criminales de Jalisco y Michoacán intentarían incursionar para terciar en la confrontación entre las dos facciones que integran el Cártel de Sinaloa.
