La UAS enfrenta crisis financiera recurrente; urgen transparencia y austeridad en su presupuesto para evitar sospechas sobre el uso de recursos públicos.
EDITORIAL
Las ramas productivas y los quehaceres que son la única posibilidad de sustento de miles de sinaloenses no pueden apostarle a sobrevivir con los apoyos que el gobierno otorga.
2025 debe ser el año de la paz efectiva en Sinaloa, con una sociedad que ya no tolera la violencia y exige seguridad, legalidad y esperanza.
La cada vez menor disposición de agua para las actividades productivas y la no tan lejana escasez también para el consumo humano hacen trascendente la decisión que adopta el gobierno.
La escena dantesca que se repite a diario en diferentes sectores de Culiacán, al hacer que el fuego acabe con patrimonios de familias y aparte determine moralejas que amedrentan a los ciudadanos en general.
El Congreso de Estado hace eco de la demanda generalizada de los sinaloenses que durante casi cien días han soportado las consecuencias del choque entre células criminales del Cártel de Sinaloa.
Aunque vuelve a los tribunales acusado de seguir traficando fentanilo posterior a su liberación en 2022, la instancias judiciales de México deben juzgarlo por el caso Javier Valdez.
Culiacán retoma tradiciones con peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, uniendo fe y esperanza para superar la violencia y buscar la paz en Sinaloa.
No se vale que los alcaldes y alcaldesas tomen distancia de esa responsabilidad por la tranquilidad y la legalidad.
Hoy no vale revisar y aprobar el presupuesto estatal atendiendo lo que propone el gobierno o repartiendo las partidas con criterios políticos.
