Las acciones propuestas abonan a la exigencia de que la Casa Rosalina se fortalezca como puntal de desarrollo y deje de ser un ariete de ambiciones y grupos políticos.
EDITORIAL
La sociedad necesita vivos a los reporteros y actuantes a las tribunas de prensa, para que sean contrapeso mediante la denuncia ante la pérdida de los equilibrios constitucionales entre poderes.
Con la determinación de nuevas medidas cautelares contra Robespierre Lizárraga se le eliminan algunas trabas a los trabajos judiciales y se acerca el caso UAS a la divisa jurídica de que quien la hace, que la pague.
Una década sin justicia constituye burla a sociedades que exigen paz y legalidad y lo que reciben es mayor violencia y adormecimiento de fiscalías y jueces, dejándole el camino libre, ensanchado, a la delincuencia.
Hoy, las instituciones y quienes las presiden deberían sentir algún cargo de conciencia que derive en cambios drásticos en programas de atención a las mujeres.
La integración de este grupo de trabajo enruta un esfuerzo conjunto hacia la búsqueda de medidas que detecten, prevengan y atiendan a tiempo circunstancias complejas que nunca más deberían ser solventadas con ocurrencias.
El atípico apagón de ayer es el llamado puntual para comenzar a actuar de manera unida y organizada ante las facturas que nos cobrará la naturaleza por los deterioros que le asestamos durante décadas.
Más allá de fallos judiciales que atentan contra la transparencia y el acceso a la información, la sociedad sinaloense merece saber cómo se utilizan las aportaciones económicas que con sacrificios las familias de los estudiantes le entregan a la Universidad por el pago de cuotas.
Frente a la impunidad, la gran perdedora es la sociedad sinaloense como afectada directa de un periodismo que se ejerce a medias, en zozobra y sin garantías de protección.
Las acciones para sacar al campo de la crisis deben contener visión de futuro, autocrítica, disposición a corregir y buenas intenciones de los actores y factores participantes.
