Cuando el ejercicio del poder público se utiliza para cancelar el diálogo en la construcción de consensos, atacar a órganos de la sociedad civil que actúan de contrapesos, y ajustar el orden constitucional a caprichos del gobernante, sin duda reporta el riesgo de autoritarismos que postulan regímenes totalitarios disfrazados de democracias.

Entonces, tal como sucede en México en el cierre de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la sociedad le corresponde la acción de defensa de instituciones y estado de derecho como barrera de integridad que siempre ha logrado detener tentaciones absolutistas que pretenden erigir regímenes de excepción como antesala de dictaduras.

 

El viernes, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por López Obrador para desaparecer siete órganos autónomos que le significan estorbos a la llamada Cuarta Transformación en su ruta hacia el omnipoder presidencial, faltando sólo que el Pleno proceda a dar el último toque de arbitrariedad.

De un manotazo tiránico el presidente va por la eliminación del  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social; la Comisión Reguladora de Energía; la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación.

Antes, con la colaboración del Instituto Nacional Electoral, el partido de AMLO y siglas afines obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara federal mediante la abusiva repartición de diputaciones plurinominales, lo cual le permite realizar cambios a la constitución, agandalle que festejó la izquierda mexicana aglutinada en la 4T, misma que antes deploraba el presidencialismo alevoso y mafioso. ¿Dónde están los legisladores morenistas de Sinaloa que se decían aliados de las grandes luchas ciudadanas?

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