Organizaciones garantes del derecho a la información ponen énfasis en que el Gobierno de Sinaloa tome medidas concretas para garantizar la seguridad de las personas periodistas en el proceso electoral.
EDITORIAL
Más allá del afortunado desenlace en este hecho que intrigó a los ciudadanos y enfrentó a los políticos, la ley debe cerrar la pinza aplicando las sanciones que correspondan a quienes sean que hayan incurrido en actos delincuenciales.
A los partidos políticos les corresponde mantener composturas adecuadas ante sucesos de violencia en tanto se determinan circunstancias y motivaciones, sin esparcir el pánico que aleje a los electores de las casillas de votación.
Se está incurriendo en negligencia criminal o bien los que tienen a cargo la revisión de las normas de seguridad del transporte acceden al soborno para dejar pasar y dejar hacer a propietarios y choferes.
Corresponde al Gobierno de Sinaloa llevar a buen término el actual episodio de inseguridad y a los ciudadanos en general le toca mantener la exigencia de que todas las víctimas estén a salvo y se reintegren a sus hogares.
Las presas de Sinaloa solo tienen el 13.2% de su capacidad, lo que pone en riesgo el suministro de agua para consumo humano.
A los sinaloenses hay que decirles las cosas como son para que desde el conocimiento de la realidad real tomen decisiones correctas para el cuidado personal, familiar y patrimonial.
Los arsenales de la descalificación menguaron los argumentos constructivos de cara a emergencias nacionales que no permiten la pérdida de tiempo en banalidades.
Claudia, Xóchitl y Jorge están emplazados a moderar la estrategia con la que buscan eliminarse moralmente entre ellos y ponderar lo que ofrecen, cómo y con quiénes, para la generación de oportunidades de bienestar dignas.
La honorabilidad de los “cachorros” de la realpolitik mexicana se encuentra bajo el microscopio de los estrategas de guerra al servicio de las dos mujeres que buscan relevar a López Obrador.
