Corrupción en Sinaloa: La otra crisis que nadie ve

Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C.

A once meses de una de las crisis de seguridad más intensas que atraviesa Sinaloa, a la par también se desencadena otra: la de la corrupción.

Y es que con un balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de agosto de 2025 de 1,836 homicidios dolosos (5.5 diarios) 1,834 personas privadas de la libertad (5.5 diarios) y 6,526 vehículos robados (19.5 diarios), es casi imposible poner vigilancia en lo que nadie ve y nadie escucha, las contrataciones públicas.

Si algo nos demostró la pandemia del COVID-19 fue que en tiempos de crisis, los actos de corrupción son más propensos a ocurrir de dos maneras, la primera es a través de la  legitimidad que ofrece “la crisis” para que las contrataciones se hagan de manera pronta y con ello buscar resolver la situación rápidamente sin ser sometidas a una vigilancia pública exhaustiva. 

Esto es que, mientras la exigencia, atención e interés público se centra en que se resuelva la crisis de seguridad, las autoridades verán en ello una oportunidad para cometer, de manera justificada y legítima, irregularidades con el argumento de que son acciones para combatirlas o aminorarlas. Como por ejemplo, la compra de videocámaras de seguridad; la compra de decenas patrullas para combatir al crimen organizado, la solicitud de mega préstamos para “reactivación económica” a través de obra pública, etc, ¿les suena?.

La segunda de ellas se da a partir del abandono que reciben aquellas áreas que están lejos del foco y escrutinio público, y por ende la falta de vigilancia. Sobre este segundo escenario es que ahondaremos un poco más, pues justo en estos días salieron a la luz dos posibles casos de corrupción que se dan en un contexto de plena crisis de violencia y que ejemplifican esta situación.

Ambos casos, publicados por el semanario Ríodoce, comparten el mismo modus operandi; pues se trata de la simulación de concursos de licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas cometidos por parte del Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas y el DIF Sinaloa.

En el primer caso, se menciona cómo el gobierno del estado simuló competencia y adjudicó un contrato de 50 millones de pesos para el servicio de jardinería y limpieza en una licitación en la que participaron dos empresas vinculadas entre sí por una persona,

y juntas han obtenido contratos por 236 millones 500 mil 988 pesos en la Secretaría de Administración y Finanzas, Sistema DIF Estatal y Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa.

En el segundo caso, se señala que entre 2023 y 2025 el Sistema DIF Sinaloa simuló competencia entre empresas que están relacionadas entre sí y han obtenido 10 millones 681 mil 265 pesos en concursos por invitación a tres proveedores; y a cuyo grupo también pertenece la empresa que instaló la pista de hielo en el Palacio de Gobierno en 2024 por 3 millones 717 mil 463 pesos.

Ambos casos resultan graves, pues vemos cómo se están materializando posibles violaciones a la ley y faltas administrativas graves sin que haya alguna investigación y sanción de por medio.

Sobre estos casos de posible corrupción, llama la atención varios puntos. Uno de ellos es cómo estas empresas favorecidas tanto por la SAyF y el DIF Sinaloa, además de que son de reciente creación, se constituyeron bajo la administración de Rubén Rocha Moya. El segundo punto que salta a la vista, es el modus operandi que permea y ha permeado en esta administración para favorecer a los mismos grupos de empresas, vinculados entre sí tanto por sus representantes, socios o accionistas como por sus domicilios.

Esta situación nos orilla a ser más vigilantes durante las crisis, exigir una mayor rendición de cuentas a las autoridades pero también un mayor y mejor desempeño a las instituciones investigadoras, en este caso las que conforman al Sistema Estatal Anticorrupción a través del Comité Coordinador, éstos son: el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de Transparencia, Poder Judicial, CEAIP e invariablemente el Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Éste último a través de mecanismos como el “exhorto público” el cual, de acuerdo al artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción, “el CPC podrá solicitarlos al Comité Coordinador cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate”

En cuanto a la ciudadanía, estos hechos nos invitan a la reflexión pues abren una ventana de oportunidad para incidir mediante la normatividad, en este caso a través de la Ley de Adquisiciones, buscando cerrar y acotar los espacios que dan pie a que se den prácticas asociadas a corrupción.

En estos tiempos donde el espacio cívico cada vez se encuentra más vulnerado, es importante recuperar y fortalecer la participación ciudadana mediante el empoderamiento e incidencia ciudadana.