Democratizar a la UAdeO

Independencia, autonomía, libertad y democracia son conceptos que están contenidos en la Constitución Política mexicana como base para promover el desarrollo social y cultural de la sociedad mexicana, sin embargo, no basta con que estén en la legislación para que la sociedad los asimile y los lleve a la práctica. Es decir, no basta con que estén en el marco constitucional, sino que es necesario que estén en la mente y en la voluntad de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida social para que sirvan a su desarrollo social y humano.

De acuerdo con la legislación mexicana, la democracia electoral se ejerce para la conformación del sistema político del que emanan los gobiernos, pero ésta no llega a constituirse como una forma de vida y cultura en que los ciudadanos participen activamente en la deliberación y la toma de decisiones sobre los asuntos que les competen como comunidades.

Es decir, la democracia representativa (mediante la que se eligen los gobernantes) presenta un importante nivel de desarrollo y perfeccionamiento (en las leyes electorales), pero la democracia participativa presenta un desarrollo incipiente y aunque  la comunicación a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales posibilitan un acercamiento para ver con detalle el desempeño de sus representantes electos (legisladores y gobernantes), por lo regular la crítica no se traduce en un compromiso de participación activa y permanente para atender los asuntos específicos que le competen a la vida de las comunidades.

Y ello no es casual. La democracia se ha constreñido a los órganos legislativos y a los procesos electorales como si los políticos fueran los dueños exclusivos del ejercicio de la democracia.

Con frecuencia los intentos de ejercicios democráticos para evaluar el desempeño de los gobiernos o para crear alternativas de solución a problemas específicos de las comunidades (geográficas, gremiales o sectoriales) que los gobiernos no atienden, son sofocados, subestimados o saboteados por los propios gobiernos y sus representantes, porque no son controlados por éstos y ante el temor de ser desplazados en su función en los siguientes procesos electorales. Los políticos, sin importar de qué partido sean, regularmente se han dedicado a controlar y apropiarse de todos los intentos de ejercicios democráticos para resolver asuntos específicos de las comunidades.

Sorprende por ello que, contrario a esa tradición política en Sinaloa, el gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, sugiera una reforma legislativa para la democratización de la Universidad Autónoma de Occidente, ante las protestas enderezadas por un movimiento de rechazo a la forma de elección del rector, realizada recientemente.

Es decir, en vez de sufocar y someter a los movimientos de inconformes, como se acostumbraba hacer por los gobiernos anteriores, llama la atención el nivel de libertad expresado por el gobernador para que, si no están de acuerdo con el método de elección de sus autoridades, en el marco de su autonomía universitaria, elaboren una iniciativa de reforma a la ley orgánica y la manden al congreso del estado.

La ley orgánica vigente de la UAdeO establece que el rector de la universidad será nombrado por una junta de gobierno y aunque el procedimiento aplicado para elegir al rector contempló una convocatoria para el registro de aspirantes y un proceso de selección que incluyó revisión de trayectorias, comparecencias, entrevistas y opiniones mediante consulta a la comunidad, maestros y estudiantes, en que resultó electo el doctor Pedro Flores Leal, un importante grupo de universitarios se manifestó en contra del procedimiento con que se eligió al nuevo rector que sustituye a la doctora Silvia Paz Díaz Camacho.

Los inconformes tomaron las instalaciones universitarias en demanda de la realización de un nuevo proceso más transparente y democrático para el nombramiento de rector, argumentando que no se atendió a la opinión mayoritaria de la comunidad universitaria.

Sin embargo, la normatividad en que se basa el procedimiento no establece que la consulta a la comunidad universitaria sea vinculante. Es decir, sí contempla la consulta como un elemento para la toma de la decisión, pero no que se tenga que atender el resultado mayoritario de ésta como único criterio.

La toma de las instalaciones de la universidad mantenía en suspenso total las actividades académicas y administrativas en demanda de la reposición del proceso. Y aunque la universidad tiene autonomía para resolver sus propios problemas, el entrampamiento del problema propició la intervención del gobierno estatal como ente mediador que pudiera contribuir a solucionar el conflicto.

Al respecto, el gobernador Rocha Moya dejó claro que el procedimiento sí se hizo de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica y el estatuto jurídico de la UAdeO, y por tanto, es legalmente en válido, sin embargo, concedió razón a los inconformes en el sentido de que no fue plenamente democrático, porque el estatuto no contempla que el procedimiento tenga que ser democrático y que si quieren que el proceso sea democrático envíen una iniciativa de reforma al congreso del estado.

Aunque el congreso del estado, al aprobar la ley general de educación superior, ya contempla la consulta vinculante a la comunidad universitaria para elegir a sus autoridades, ésta orientación debe quedar establecida en la ley orgánica y el estatuto orgánico de la UAdeO para que se aplique este procedimiento que haga más democrático el nombramiento de rector.

La iniciativa de reforma a la ley orgánica de la UAdeO podría ser analizada y aprobada en un periodo de cuatro meses y al margen de lo que el congreso determine en torno al momento de su aplicación, su aprobación podría ser un paso importante hacia la formación de una cultura democrática en la comunidad de la joven UAdeO, no sólo por la reforma legislativa en sí, sino por la enseñanza que transmite a las actuales y futuras generaciones de universitarios en torno a la importancia de su participación en la construcción de la realidad de su universidad, que deberá reactivarse periódicamente para el nombramiento de sus autoridades, pero que, adicionalmente, podría irradiarse a otros espacios e instancias universitarias donde es posible y necesaria la incorporación de la opinión, la discusión y la reflexión de los estudiantes y los académicos.

La democratización de la vida interna, académica, de UAdeO, no sólo en su marco normativo, sería un ejemplo y un paso muy importante para la formación de una cultura democrática en las instituciones de educación superior y en la propia vida social de Sinaloa. La democracia debe ser el centro de la transformación de Sinaloa y de México.