Por Sibely Cañedo

El 2 de junio de 2024, tendrán lugar las elecciones generales más grandes de la historia de México. Se encontrarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República, 500 representantes de la Cámara de Diputados y 128 senadurías.[1]

Además, en las 32 entidades federativas se renovarán legislaturas locales y ayuntamientos. [2]

Con lo que también está en juego el equilibrio de poderes y la composición de fuerzas políticas en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, el camino que debe recorrer la ciudadanía para hacer valer su voto parece más bien un campo minado, una carrera de obstáculos y peligros, que bien pueden terminar por sembrar el desánimo e inhibir la participación ciudadana.

 

No nos referimos al mero acto de depositar el sufragio en las urnas, sino al poder efectivo de las y los ciudadanos de tomar decisión sobre quién o quiénes habrán de gobernar y de representar los intereses del llamado pueblo soberano.

Para Luigi Ferrajoli, no basta la dimensión formal y procedimental para definir un sistema democrático, sino que para las sociedades contemporáneas es necesaria la garantía de los derechos fundamentales, no solamente el derecho político de ejercer el voto, sino de las libertades y derechos cívicos y sociales, los cuales constituyen bajo esta perspectiva la dimensión sustancial de una democracia constitucional.[3]

En un contexto como el nuestro el ejercicio democrático se complica, puesto que la desigualdad social y la violencia nos colocan lejos de un escenario donde los derechos fundamentales sean garantizados, empezando por la paz y la seguridad pública.

Sobresalen algunos factores que no actúan de forma aislada, sino a través de constante interrelación: 1) la injerencia de grupos criminales en los procesos político-electorales y otras formas de violencia; 2) las prácticas antidemocráticas y autoritarias en procesos internos de partidos políticos; 3) la prevalencia de la desinformación y burbujas informativas del ecosistema de medios de comunicación, y 4) las amenazas a la libertad de expresión a través de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Frente a estos escollos, cabe preguntarse: ¿qué podemos hacer las y los votantes para defender el valor de nuestro voto?, ¿cómo no caer en la desinformación y polarización política y ejercer la ciudadanía de manera informada?, ¿cómo contribuir a un contexto con mayores garantías para la participación ciudadana y la construcción de un país más pacífico?

Como en todo sistema complejo nunca hay respuestas fáciles, pero se puede empezar con los pasos básicos. Pero antes de ello, analizaremos cómo se presentan cada uno de esos obstáculos en el campo minado hacia las votaciones 2024, con énfasis en el tema de la violencia y la amenazada libertad de expresión.

La violencia político-electoral

 

La organización Data Cívica ha documentado la violencia político-electoral en México desde 2018, mostrando tendencia en aumento año con año.

El informe “Votar entre balas” ha registrado desde entonces un total de 1,593 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de Gobierno o partidos.  El 2023 cerró como el año más violento y se espera que 2024 sea peor.

Todavía no inician las campañas, y de acuerdo con el boletín más reciente, el pasado mes de enero cerró con ocho precandidatos y precandidatas atacadas: 5 asesinados, 1 sobreviviente de agresión armada y 2 más fueron amenazados de muerte. Los ataques no se centraron en un solo partido, sino que las víctimas proceden tanto del partido en el poder, Morena, como del Frente Amplio (PAN-PRI-PRD) o de Movimiento Ciudadano.

Territorialmente, tres de estos atentados ocurrieron en el estado de Morelos, mientras el resto se distribuyó en Chiapas, Colima, Michoacán, Puebla y Ciudad de México con un caso en cada uno.

Este tipo de violencia es un indicativo de la intromisión de grupos criminales en la política electoral, a través de acuerdos de facto, imposición de candidatos o compromisos con quienes habrán de ocupar el poder, donde los gobiernos locales son todavía más vulnerables.

Según la investigadora Sandra Ley, este tipo de violencia puede entenderse a través del concepto de gobernanza criminal, que se explica como “una estructura en la que, ya sea por ausencia o por colusión del Estado, los grupos criminales logran tener una influencia tal que les permite el control político, económico y social a nivel local”. [4]

En ciertos lugares como Sinaloa, con presencia histórica de grupos del narcotráfico, el electorado se cuestiona sobre qué tanto las decisiones de los partidos políticos (o de nuestros gobernantes) son permeadas por los poderes fácticos, en detrimento de los intereses populares o legítimamente ciudadanos.

También saltan las dudas sobre si este tipo de intereses paralegales tiene que ver con la toma de decisiones autoritaria y antidemocrática dentro de los principales partidos políticos, donde resalta cómo las candidaturas se dan por acuerdos cupulares y pocas veces por procesos internos transparentes y participativos.

Lo que se convierte en una importante variable para su análisis, toda vez que el sistema de partidos sigue siendo en nuestro país la vía principal para acceder a los escaños del poder público.

Amenazas a la libertad de expresión

 

Además de la violencia contra agentes políticos, es el caso de candidatos, aspirantes, equipos de campaña, funcionarios de gobierno o de partidos políticos, entre otros, tenemos las amenazas contra la libertad de expresión y periodistas, cuya documentación también ha sido reciente en relación con periodos electorales.

El antecedente más próximo es la elección intermedia de 2021. La Red Rompe el Miedo (RRM) documentó 55 agresiones contra periodistas en relación con su trabajo desde el 19 de abril y hasta el 6 de junio, día de la jornada electoral, siendo los estados con mayor incidencia: Baja California, con 6 agresiones; Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, con 5 cada uno; además de Guerrero, Sinaloa y Yucatán con 4 casos cada uno. [5]

Se trató de intimidaciones y hostigamientos, con 20 casos (37.03%), amenazas con 11 casos (20.37%), y ataques físicos y bloqueos informativos con 7 casos cada uno (12.96%), según los datos de la RRM, una iniciativa de sociedad civil coordinada por ARTICLE 19 y en la que participan organizaciones y periodistas de todos los estados de la República. [6]

El capítulo sinaloense se vivió de forma convulsa. Hubo reportes de robo de urnas por hombres armados, cierre de casillas y falta de vigilancia de fuerzas federales,[7] así como privación ilegal de la libertad de al menos 9 operadores políticos y el asesinato de un excandidato y activista de derechos humanos en el periodo postelectoral, por lo que esta entidad federativa se ha considerado un foco rojo por la intervención del crimen organizado, fenómeno que no es para nada reciente, sino que se ha venido padeciendo desde los tiempos del PRI como partido hegemónico en el estado.

Como consecuencia de lo anterior, tenemos que el periodismo encuentra dificultades para ser ejercido con plena libertad e informar a la ciudadanía sobre el proceder de los actores políticos en la contienda electoral y en la función pública, así como para revelar posibles casos de corrupción.

¿Cómo ejercen los partidos los recursos que les son asignados?, ¿cómo son los procesos bajo los cuales llegan las y los candidatos a la búsqueda del poder?, ¿cómo son las estructuras que financian las campañas electorales?, ¿qué debemos conocer como electorado antes de acudir a nuestra cita con las urnas?, ¿qué significa un proyecto de nación y otro ante la oferta de distintas fuerzas políticas?

Son solo algunas de las interrogantes que podrían quedar bajo el velo de la autocensura ante los riesgos que sufren las y los periodistas, que incluyen amenazas de muerte, campañas de desprestigio, hostigamiento en redes sociales, amenazas de muerte y hasta el asesinato.

Aunque las redes sociales parecen inundarnos de información a cada instante, es urgente preguntarnos cuál es la calidad de los contenidos que recibimos en nuestros celulares, con qué rigor se elaboran, cuáles son sus fuentes y sus motivaciones cuando tocan temas políticos o de interés público.

Si bien el sistema de medios tradicional ha sido cuestionado y denostado por su presunta falta de objetividad y de independencia, ¿no también deberíamos cuestionar si el nuevo ecosistema de medios se encuentra libre de intereses que oscurecen la verdad?

Por primera vez votará una generación nativa de las redes digitales, de la que un amplio sector no distingue la diferencia entre un influencer y un periodista, para la cual es normal caminar a través de un túnel informativo donde solo ve lo que hace click con sus propias percepciones e ideologías, sin exponerse al debate o al contraste de ideas contradictorias o complementarias, acrecentando su intolerancia a lo diferente por acción de los algoritmos de contenido.

Como usuarios, podemos hacer mucho para no esparcir las campañas violentas contra periodistas y personas defensoras, evitando compartir contenidos que tengan la clara intención de denostar o descalificar el trabajo de periodistas sin una justificación aparente; ya que las campañas de desprestigio siguen la estrategia de atacar al mensajero cuando no pueden refutar su trabajo.

Asimismo, podemos comenzar por abrir la puerta a la pluralidad de opiniones consultando varias fuentes de un mismo tema, antes de formarnos nuestra propia postura, incentivando un debate respetuoso de ideas sin ataques ni descalificaciones. Por ende, exigir lo mismo o mayor altura a todas las personas candidatas.

Respuestas desde la participación ciudadana

 

Pero para regresar a las preguntas que dieron origen a esta reflexión, no podemos dejar de insistir en que desde luego no hay alternativa sencilla para contrarrestar esta gama de situaciones, que nos desaniman al ejercer nuestra ciudadanía y nos hacen ver cada vez más lejos un proceso electoral pacífico y realmente democrático.

Pero podemos empezar por exigir una democracia sustancial donde no nos conformemos con votar el día de la elección, sino con demandar día a día la garantía de nuestras libertades y derechos fundamentales, en un entorno de paz y de justicia social.

Es decir, ampliar la definición de democracia fuera de la esfera de las formas y los procedimientos electorales, para ejercer acciones libres de participación donde podamos incidir de manera colectiva.

Un ejemplo de este tipo de ejercicios es la Red Rompe el Miedo que, como se mencionó antes, ha documentado casos de agresión a periodistas en contextos de riesgo como el de las elecciones.

Como en otras ocasiones, este 2024 Iniciativa Sinaloa participará como centro de monitoreo estatal de agresiones contra la prensa en periodo electoral.

En esta ocasión lo hará con apoyo de la Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, un grupo que ha participado en actividades para monitorear la política pública de protección a periodistas y defensores en Sinaloa.

El objetivo de este monitoreo, que comenzará el 01 de marzo con el arranque de las campañas, es el de emitir alertas para reducir riesgos ante posibles amenazas en contra de quienes se aboquen a la cobertura de los acontecimientos políticos, así como activar redes de apoyo entre la sociedad civil y solicitar la acción inmediata de las autoridades encargadas de la protección de periodistas.

Como ciudadanía podemos ser observadores activos en este y otros ámbitos y vencer el miedo a través de la organización colectiva. No es suficiente contra la dimensión de las amenazas, pero puede ser un esperanzador comienzo.

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[1] CNN (2023). Elecciones generales de 2024 en México: qué hay en juego y fechas clave. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2023/09/07/elecciones-generales-2024-mexico-importancia-fechas-orix/ Consultado: 28/09/2023

[2] Ídem

[3] Ferrajoli, Luigi. (2003). Sobre la definición de “democracia”: Una discusión con Michelangelo Bovero. Isonomía, (19), 227-241. Recuperado en 25 de febrero de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182003000200010&lng=es&tlng=es.

[4] Ley citada por Franco, D. (2020). Violencia y gobernanza criminal: ¿Qué hay detrás de las estructuras criminales y comerciales del narcotráfico? Somos el Medio. Obtenido de https://www.somoselmedio.com/violencia-y-gobernanza-criminal-que-hay-detras-de-las-estructuras-criminales-y-comerciales-del-narcotrafico/

[5] ARTICLE 19 (2021). La Red Rompe el Miedo documenta agresiones contra la prensa en un clima de violencia política durante las elecciones. Disponible en: https://articulo19.org/la-red-rompe-el-miedo-documenta-agresiones-contra-la-prensa-en-un-clima-de-violencia-politica-durante-las-elecciones/ Consultado: 28/09/2023

[6] Ídem

[7] Proceso (2021). En Sinaloa, robo de paquetes electorales ante la ausencia de la seguridad federal. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/6/6/en-sinaloa-robo-de-paquetes-electorales-ante-la-ausencia-de-la-seguridad-federal-265417.html Consultado: 28/09/2023

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