Infancias atrapadas: ¿el surgimiento de actores inesperados de la construcción de paz en Culiacán?

Por Sibely Cañedo

“¡Con los niños no!”, fue el grito de hartazgo que el pasado 23 de enero despertó a la ciudad de Culiacán, cuando miles de personas formaron una gran marea blanca y se apropiaron de las calles para protestar por el asesinato de Gael y Alexander de 12 y 9 años, quienes perdieron la vida junto a su padre durante un ataque armado, para despojarles de su vehículo.

Ya han pasado algunos días de esa histórica marcha, en la que una parte del contingente ciudadano irrumpió en el despacho del gobernador Rubén Rocha Moya, y destrozó puertas, paredes, computadoras, escritorios… lo que encontraban a su paso, al tiempo que acusaban punzantes: “¡narcogobierno!”, “¡narcogobierno!”, “¡narcogobierno!”

Las imágenes viajaron con rapidez a través de los teléfonos celulares. Medios nacionales e internacionales consignaron lo que pasaba en Sinaloa para sorpresa de muchos: una sociedad criticada no solo por tolerar, sino por hacer franca apología de los narcotraficantes y de la economía ilícita, protestaban enérgicamente por los presuntos nexos del gobierno y los grupos del crimen organizado.

Ya son 154 días desde que estalló el conflicto entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. Son cinco largos meses de balaceras, narcobloqueos, ponchallantas, despojo de vehículos, enfrentamientos, cierre de negocios, la suspensión de la vida nocturna y el estrés de vivir en una alerta constante.  Pero lo más doloroso han sido los costos humanos y las familias rotas que nunca volverán a ser lo que eran.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, desde el 09 de septiembre del 2024, se han registrado 835 homicidios dolosos y la desaparición de 952 personas, en mayor medida perpetrados en el municipio de Culiacán, que ha sido el más afectado, además de Navolato, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

En este lapso, al menos 20 niños y adolescentes han sido ingresados a hospitales al resultar heridos como víctimas colaterales en medio de enfrentamientos en medio de la crisis de seguridad que se vive en el estado.

Mientras en los primeros cuatro meses del conflicto, la FGES reportaba 25 adolescentes desaparecidos de entre los 13 y 17 años de edad, lo que ha encendido las alertas para colectivos de búsqueda, en especial porque no existen planes estratégicos para su búsqueda.

No es la primera “narcoguerra” que vivimos en Sinaloa y en el país, para muchos de nosotros todavía vive fresco el recuerdo de la “guerra contra el narcotráfico” de 2008 durante el sexenio de Felipe Calderón, caracterizada por una pugna entre grupos rivales del narcotráfico y la intervención de las fuerzas armadas, la cual dejó en el imaginario colectivo escenas de terror como cuerpos colgados de los puentes, mutilados, decapitados y masacres.

Así, cabe cuestionarnos por qué en esta ocasión la indignación subió a este nivel, orillando a la sociedad, de forma multitudinaria, a exigir justicia y a expresar el repudio al mandatario estatal, al que se suman miles de personas en las redes sociales con el grito en las calles y el hashtag en las redes sociales de ¡Fuera Rocha!

Sin duda parte de la respuesta tiene que ver con la errática reacción del gobernador morenista Rubén Rocha Moya al negar y minimizar el impacto de la violencia y el sufrimiento de la sociedad, actos de soberbia que se han repetido en múltiples ocasiones a través de pifias en su comunicación social y en su relación con los medios.

Pero en especial el hartazgo colectivo explotó con la absurda muerte de Gael y Alexander, así como de otros niños y adolescentes, atrapados en esta guerra fratricida y enfrentados al riesgo de ser asesinados o heridos; quienes más allá de los peligros físicos, han perdido el derecho a jugar en paz y tener un sano desarrollo psicológico y emocional y una educación sin interrupciones.

Niños, niñas y adolescentes en medio de conflictos armados

La experiencia internacional ha mostrado que niños, niñas y adolescentes (NNA) se ven impactados de manera diferenciada al padecer guerras o conflictos armados en sus comunidades los cuales, además de quebrantar el tejido social y familiar del que son parte, los expone a peligros como reclutamiento forzado, desplazamiento involuntario, desaparición forzosa, desescolarización, enfermedades, trata y hasta la muerte. 

Aun así, es la parte de la población que recibe menos atención en los estudios sociales y en la opinión pública. Y cuando las investigaciones los incluyen, por lo general, muestran un enfoque adultocéntrico que tiende a invisibilizarlos y silenciar sus formas de sentir y ver la vida. De ahí la importancia de dar un giro epistémico y cambiar nuestro modo de entender a la niñez, destacando sus perspectivas y capacidad de agencia en su entorno social.

En Colombia, nación que ha padecido un conflicto armado de larga data, se ha registrado el reclutamiento de menores de edad en grupos armados, sean guerrilleros o paramilitares, lo que ha dejado una profunda huella en la construcción de infancias y juventudes. Estudios han encontrado cómo las niñas, niños y adolescentes que viven en un entorno dominado por el conflicto armado construyen sus infancias a través de elementos psicológicos como el miedo, la venganza, la tristeza, la culpa, la desconfianza, la victimización y un profundo sentimiento de desprotección, que proviene de una realidad donde sus principales pilares se tambalean ante la violencia.

En la orfandad, con padres, madres, hermanos, hermanas, maestros, asesinados o sometidos por los grupos en armas, no pueden construir un sentido de seguridad y una visión de futuro sin enfrentarse a serias dificultades.

En medio de la guerra, el niño construye su hombría desde la dominación y la violencia, mientras los cuerpos de las niñas son cosificados como botín de guerra y condenados a servir como objetos al servicio de los actores violentos.

Si bien la experiencia colombiana es un contrapunto interesante para el análisis, es

necesario considerar las diferencias con el caso mexicano, y en específico, con Sinaloa, donde existe un conflicto armado no reconocido de acuerdo al derecho internacional humanitario, además de un contexto de violencia crónico en el que la influencia de la narcocultura juega un rol importante en la socialización de niños y adolescentes en entornos tanto urbanos como rurales.

Sin duda, como sociedad, deberíamos preguntarnos cómo mitigar los impactos futuros en nuestros niños, niñas y adolescentes, haciendo valer la Ley General promulgada en 2012 que les hace titulares de derechos en los mismos términos que establece la Constitución para todos los mexicanos y mexicanas, incluidos los derechos de participación, de expresarse libremente y de ser escuchados.

Las infancias en la construcción de paz

Lo sucedido en Culiacán el 23 de enero podría marcar un antes y un después en nuestra percepción de la niñez como actores inesperados en la construcción de paz.

Como se recordará, fue una marcha convocada por el director de la escuela primaria Sócrates (donde estudiaba Gael), Víctor Manuel Aispuro, quien llamó a los culiacanenses a sumarse a la exigencia: “nos han tocado lo más sagrado, el día de mañana pueden ser mis hijos, sus hijos, por favor, apóyenos”. 

Ese día, vestidos de blanco, participaron en la marcha con consignas como “Los niños tenemos derecho a vivir sin violencia”.

Eduardo, de 10 años, expresó su rabia ante medios de comunicación: “Ya no podemos salir, ya no podemos hacer nada, nos puede pasar algo y el gobierno ya no hace nada…”

Algunos periodistas opinaron que los niños deberían estar en la escuela o en los parques, no en una marcha por la paz, pero sin duda la indignación de Eduardo y de miles más puede servir para generar esperanza en un futuro distinto.

Ante la falta de acciones contundentes de nuestros gobiernos, es momento de pensar, desde la sociedad civil, las escuelas, las instituciones, cómo garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en la construcción de una sociedad más justa y pacífica, impulsando el diálogo y reflexión colectiva que nos lleven a generar un nuevo pacto social de paz para México y Sinaloa, donde todos sean incluidos.