Ojos que no ven…corrupción que se siente

Escribe Carmen Patricia Garnica Luna, responsable de Vinculación de Incidencia

El 28 de noviembre de 2024, el Congreso de la Unión aprobó la extinción de al menos siete órganos autónomos, iniciativa presentada en febrero de ese mismo año por el presidente de México en turno. En menos de 24 horas el Congreso en Sinaloa aprobó la minuta para concretar la extinción de aquellos órganos garantes que procuraban algunos derechos humanos, como la protección de datos personales del ciudadano y el acceso a la información pública. Ante ello un grupo de ciudadanos, entre ellos miembros de Iniciativa Sinaloa, nos manifestamos ante tal violación y atropello.

Ese mismo año, Iniciativa Sinaloa presentó la investigación “Órganos Internos de Control: el eslabón débil de la lucha anticorrupción en Sinaloa”, en la cual se visibiliza la problemática con respecto a la falta de eficiencia de los órganos internos de control (OIC), los cuales tienen menos del uno por ciento de resolución en denuncias, emitiendo básicamente nula sanción ante antivalores de la ética pública como lo son las dádivas, cohecho, peculado, desvío de recursos, nepotismo, trafico de influencias, abuso de funciones e incluso discriminación.

Solo el 3 por ciento de las denuncias, quejas o informes de auditoría recibidos por los OIC de las secretarías del ejecutivo estatal derivaron en un informe de presunta responsabilidad administrativa. Y únicamente 2 casos se turnaron al Tribunal de Justicia Administrativa para una probable sanción por falta administrativa grave. Cabe mencionar en este punto que de 14 secretarías estatales, 11 no cuentan con OIC, por no contar con reglamentos interiores, por lo que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) funge como su OIC. En esta investigación se encontró además que en 13 órganos descentralizados, la designación de su titular de OIC se realiza de forma directa por parte de la STRC. Lo cual se resumen en un exceso de trabajo hacía una secretaría que termina por no resolver la denuncias, y por ende por no sancionar. ¿Dónde queda la justicia?

Y a pesar de ello, la titular de la mencionada secretaría planteó al Congreso del Estado el miércoles pasado reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, con la intención de extinguir el órgano autónomo de transparencia de Sinaloa: CEAIP. Por otra parte, la titular de dicho órgano autónomo menciona en entrevista a medios de comunicación contar con la solvencia para la liquidación del personal de la CEAIP.

Mientras tanto, la ciudadanía, el pueblo, la razón de ser y de funcionar del gobierno, se queda observando como es despojado de su derecho a la transparencia, de su derecho al acceso a la información pública, de su derecho a la protección de datos sensibles, y en gran medida de su derecho a la justicia. En lo que parece ser el florecimiento de un estado totalitario.

Por ello, la Red de Ciudadanos por la Integridad y la Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) nos manifestamos en defensa de la transparencia y la rendición de cuentas en Sinaloa. En este pronunciamiento presentado el pasado viernes 16 de mayo, las organizaciones civiles que se suscriben (Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano Mazatlán, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, NO se metan con Nuestras Hijas y Sabuesos Guerreras)  se pronuncia contra la desaparición del órgano garante de la transparencia en el estado y exigen abrir diálogo con la ciudadanía, para crear mecanismos efectivos que garanticen los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Este pronunciamiento se dirige al Gobierno del Estado de Sinaloa, al Congreso del Estado de Sinaloa, a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la sociedad en general.

Desde la RECIAS exigimos:

Que, antes de tomar cualquier decisión, se realice un diagnóstico riguroso sobre el estado del derecho a la información en la entidad, incluyendo fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, sumando a organizaciones de la sociedad civil especializadas, académicos e investigadores.

Que se abran los canales de diálogo necesarios y mesas de trabajo con sociedad civil y expertos, para que informen a la sociedad sobre cuáles serían los mecanismos para continuar con las garantías de los derechos de acceso a la información y protección de datos en el contexto estatal actual, ya que hasta el momento no se ha dado suficiente difusión a este proceso, y como RECIAS, queremos sumarnos con propuestas con enfoque de Derechos Humanos.

De realizarse foros de consulta, estos se hagan públicos y sean abiertos a toda la sociedad interesada, incluyendo todas las regiones del estado, y calendarizadas con tiempo suficiente para la discusión y análisis de propuestas, como lo ameritan los procesos democráticos.

La transparencia no debe ser rehén de intereses políticos ni partidistas. Desde la sociedad civil seguiremos exigiendo gobiernos abiertos, con instituciones sólidas, donde la rendición de cuentas, la integridad y la participación ciudadana sean pilares irrenunciables de la vida pública en Sinaloa.

Porque ojos que no ven, viven la corrupción latente y ante ello el despojo de una vida más justa, de un derecho humano ganado hace no muchos años. Que la nación demande a sus atacantes, a pesar de las relaciones de poder que terminan por jugar en contra de los ciudadanos.