Por Sibely Cañedo
Aunque la noción más común de la corrupción se relaciona con el pago de “mordidas” (sobornos) o la asignación ilegal de un contrato público para beneficio privado, la realidad es que el concepto es mucho más amplio y, por supuesto, también sus consecuencias.
De manera general, la corrupción es el abuso de poder para obtener un beneficio privado en detrimento del bien común o de los bienes públicos, al menos en eso confluyen las concepciones más aceptadas y utilizadas por los organismos internacionales especializados en el tema.
La Real Academia Española, por ejemplo, habla de la corrupción como la acción o efecto de corromperse, es decir, caer en la putrefacción, podredumbre y degeneración, en el deterioro de valores, usos o costumbres. Y en términos de las organizaciones, especialmente públicas, “práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores”.
Pero más allá de lo abstracto, cabe preguntarnos cómo nos afecta la corrupción en nuestro entorno inmediato no solo en el uso de los presupuestos, sino en la administración de todo lo público, del espacio urbano, de la naturaleza y en todas las interacciones que podemos tener con nuestro lugar de vida y los referentes que históricamente compartimos en una ciudad o comunidad.
En días recientes ha llamado la atención el Movimiento en Defensa del Faro en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, en contra del proyecto de una tirolesa que iría del Cerro del Crestón al Cerro del Vigía, ofreciendo supuestamente una experiencia de aventura y un nuevo atractivo al puerto, según sus promotores, sin dañar el medio ambiente.
Sin embargo, no han cesado las críticas al proyecto de parte de ambientalistas, académicos y ciudadanos en general, sobre todo a los procedimientos administrativos por los cuales este proyecto ha sido autorizado.
Sus detractores hablan de presunta corrupción y de apropiación del patrimonio biocultural de los mazatlecos, en referencia a un espacio que aglutina riqueza biológica y un símbolo de identidad que, para muchos, ahora mismo se encuentra en riesgo.
La administración portuaria: cuestionada
El Movimiento en Defensa del Faro cuestiona la legitimidad del permiso otorgado para instalar una tirolesa del cerro del Crestón al cerro del Vigía, por parte de la Administración del Sistema Nacional Portuario, dependencia más conocida como Asipona Mazatlán.
Esto sucedió luego de que, en una extraña maniobra administrativa, apenas el año pasado, fue incorporado el Crestón al recinto portuario, con lo que Asipona se adjudicó el derecho de autorizar dicha obra y de concesionarla por 20 años sin ningún tipo de consulta ciudadana y pasando por alto la autoridad del Ayuntamiento.
En estos momentos ya se perfora el cerro para instalar la estructura de salida, consistente en una plataforma a base de pilotes de concreto, fierro y madera, en donde se colocarán los cables para conectar con el punto de llegada. Un trayecto de más de 1.25 kilómetros a una altura de 157 metros.
Se trata de una concesión con fines turísticos, sin relación con operaciones portuarias, y en la que el principal beneficiario es el empresario local Amado Guzmán de Grupo Petroil, propietario del Parque Observatorio 1873, que sería a su vez el punto de llegada de la tirolesa en el Cerro del Vigía.
El portal Son Playas, especializado en periodismo ambiental, dio a conocer que dicha resolución así como el contrato correspondiente están firmados por el Almirante Mariel Alquileo Ancona Infanzón, director general de Asipona Mazatlán, y por el representante legal de la Operadora Turística Observatorio 1873 SA de CV.
Las movilizaciones en defensa del faro
El Movimiento por la Defensa del Faro encabezó acciones de protesta en contra de lo que consideran el capricho de un empresario en detrimento de un espacio que le pertenece al pueblo.
Al grito de “¡Faro sí, tirolesa NO!”, el primero de mayo este colectivo se dio cita junto a la puesta de sol en el paseo Olas Altas para exigir dar marcha atrás, bajo los siguientes argumentos:
1.- El Cerro del Crestón es un refugio natural que alberga importantes especies de flora y fauna, algunas en riesgo.
2.- El riesgo de deslaves del cerro al ser una estructura ya erosionada, por lo cual cuestionan la seguridad del proyecto.
3.- El faro es un símbolo histórico y natural de Mazatlán, y un proyecto como ese, marca una tendencia a la privatización y a la apropiación de un patrimonio biocultural.
4.- Se cuestiona el actuar de las autoridades involucradas, en especial Asipona y del almirante Ancona Infanzón; además de la Manifestación de Impacto Ambiental donde no se considera a las especies de flora y fauna.
Al día siguiente, Grupo Petroil presentó oficialmente el proyecto como para acallar voces.
Los representantes del consorcio empresarial afirmaron que no habrá tal impacto ambiental y contar con todos los permisos y estudios necesarios; estar certificados por una empresa internacional; además de que la tirolesa representará un nuevo atractivo para el puerto de Mazatlán para beneficio del sector turístico y una mayor derrama económica.
Sin embargo, un sector de la ciudadanía considera que este beneficio no será tan ampliamente distribuido como dice la empresa, sino que se concentrará en un empresario, por la decisión de un funcionario desde su escritorio.
“En qué beneficia al puerto el tener una tirolesa en el faro, no beneficia a nadie más que al empresario que está haciendo esa construcción”, increpó una de las activistas en la manifestación de Olas Altas.
Por su parte, el biólogo Gildardo Izaguirre, quien encabeza el movimiento, también se refirió a esa concesión como ventajosa para su promotor.
“La dependencia que firmó la autorización para hacer esa tirolesa se llama Asipona, pertenece a la Secretaría de Marina y vendió, concedió, ese lugar por 84 mil pesos al año, son 230 pesos diarios, 10 pesos por hora, cuando van a sacar un dineral de ahí”, advirtió en relación con el potencial retorno de inversión de la tirolesa.
Manifestación de impacto ambiental ignora flora y fauna
No solo genera dudas la autorización de Asipona, sino que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con número 25/MP-0127/11/20, cuyo resolutivo se encuentra disponible en el sitio de consulta de trámites de la Semarnat, no considera la existencia de flora y fauna de esta antigua isla, que se convirtió en guía de los marineros desde principios del siglo XIX.
La relevancia de este sitio quedó registrada en el libro “Cerro del Crestón y Faro de Mazatlán: patrimonio biocultural”, presentado por Parque Natural Faro Mazatlán IAP en diciembre pasado, con el que se buscó contribuir a su preservación.
De igual forma, en estudios más antiguos se ha asentado la existencia de la biodiversidad presente en ese ecosistema.
El Consejo Ecológico de Mazatlán (Cemaz) en 2013 documentó allí especies como el gorrión (Carpodacus mexicanus) y la iguana verde (Iguana iguana), enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat y la primera de ellas de distribución endémica, tal como se publicó en su momento en el diario Noroeste.
Como especies dominantes de vegetación se encontraron cactáceas: cardón, nopal, pitahaya y agave lechuguilla. También árboles como habal, camichín, algodoncillo, huizache e higueras.
En cuanto a la fauna, según reportó el Cemaz, también había organismos endémicos como el vampyrum espectrum, que convive con otras especies de murciélagos en las grutas y cavernas.
De acuerdo con la misma fuente, se han avistado iguana negra, iguana verde, boa constrictor, camaleón; y aves como la chalangantina, el zenzontle, la calandria y el jilguero.
Es por esto que se ha puesto en duda la validez de una MIA que presenta información incompleta o sesgada, ya que los estudios muestran una zona totalmente urbana y de devastación, sin tomar en cuenta toda la vida que confluye en el cerro ni los impactos ambientales que vendrían después con el aumento en la afluencia de personas.
Cientos de firmas se han recabado de manera física y a través de la plataforma www.change.org para frenar la obra, además se preparan acciones legales y de movilización social.
Por lo pronto, este domingo fue clausurada simbólicamente por una iniciativa popular.
No obstante, en los hechos la obra ya está en marcha y sigue los lineamientos del desarrollo turístico voraz que parece haberse tomado Mazatlán.
No hay que perder de vista este caso, pero sobre todo es necesario revisar el actuar de los funcionarios públicos implicados en el proyecto de la tirolesa y, en su caso, aplicar las investigaciones y sanciones correspondientes.
Todo ello a fin de dar certeza a la ciudadanía de que las decisiones tomadas desde el poder público sobre el patrimonio de nuestra ciudad se encuentran libres de corrupción que, recordemos, significa la pérdida de lo público por lo privado, de lo sagrado por el capital.
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