Ojalá que en Sinaloa lo hecho por el Congreso marque el punto de inicio para que las autoridades apliquen con mano firme la norma aprobada.
EDITORIAL
La justicia en Sinaloa peca de ingenua al aceptar sin mayores elementos de prueba los argumentos de Madueña y Lizárraga que ayer deberían acudir a una nueva audiencia de imputación de cargos por abuso de autoridad.
En lugar de más layes, las instituciones obligadas a aplicarlas necesitan mostrar voluntad en hacerlas valer dejando atrás la tolerancia y complicidad.
El Gobierno del Estado debe proceder con mano dura para que todos los participantes en esta compleja confabulación de abusos paguen las consecuencias por las injusticias en que incurren.
Los estadistas fortalecen en vez de demoler los pilares fundamentales de los equilibrios, independencias y garantías.
En lo avanzado hasta hoy se ha descartado a los “dinosaurios” del poder y a talantes desprestigiados de la partidocracia.
El funcionario destacó que en el gobierno de Rocha van 1,304 millones de dólares en inversión extranjera directa.
El esquema de centrar las políticas públicas en una parte de los problemas y descuidar la otra no corresponde a los protocolos y leyes que establecen el combate desde la raíz.
El PRI está convocado a salir de la burbuja de autoengaño que lo llevará a otro revés electoral si mantiene la táctica de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio.
Las autoridades de la UAS y la UAdeO están obligadas a implementar un gasto honesto de los recursos públicos y la transparencia, y de no hacerlo pagar las consecuencias jurídicas que ameriten.
