Para el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha actuado mal y merece que el Congreso del Estado lo revise en un posible juicio político.

El alcalde sostiene públicamente que esas solicitudes, promovidas por grupos ciudadanos, no procederán.

Un juicio político, de acuerdo a las definiciones del Senado y la Cámara de Diputados federales, es asegurar que en el desarrollo de sus funciones, ciertos servidores públicos de alta jerarquía se apeguen al orden jurídico que los rige. También es dar vigencia al sistema democrático instaurado en la Constitución, creando un procedimiento que permita remover, e incluso inhabilitar, a cualquiera de aquellos servidores públicos que no cumplan debidamente su encargo, a través de un mecanismo que garantice que sean los propios representantes del pueblo, escuchando en defensa al interesado, quienes apliquen o no las consecuencias de este procedimiento.

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En este caso, ese órgano que revisará es el Congreso local que cuenta con distintas solicitudes, así como quejas de órganos autónomos, entre ellos la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el no cumplimiento de recomendaciones.

El gobernador de Sinaloa cuestionó la actitud de Estrada Ferreiro y lo enmarcó en tres actitudes con posible riesgo.

Buscapleitos

El mandatario municipal pidió la intervención al gobernador del Estado, pero este se lo rechazó.

“Ya me dijo un día, fui a la CAADES, me dijo dígales que no me hagan juicio político y yo por qué, yo le dije no voto, de frente, estaba en la tribuna, le dije yo no voto ahí y luego me dice, sí, pero a ver si manda. Yo tengo muchos amigos diputados, pero yo no me voy a meter en el proceso de los diputados porque los más agraviados por él son los propios diputados que los ha tildado de mil cosas, si está peleando con los que le van a hacer juicio político cómo va a conseguir un voto a favor”, dijo.

Tras el rechazo, el alcalde acudió a un programa de radio para denunciar al gobernador, asegurando que este apoya una campaña en su contra para apoyar al diputado Feliciano Castro de cara a una posible candidatura a la Senaduría en 2024.

Soberbia

No es la primera vez que Estrada Ferreiro exhibe al gobernador ante medios de comunicación. Apenas hace un mes surgió otra confrontación. Esa fue por un convenio propuesto por la administración de Rocha Moya para otorgar 20 millones de pesos y así pagar actualizaciones en pensiones a viudas de policías municipales.

El alcalde se negó al asegurar que era una presión para desistir de un recurso de inconstitucionalidad que promovió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es en contra del Congreso por haber legislado en detrimento de las arcas municipales y la administración local.

“Vino especialmente a verme aquí y me dijo ‘yo no lo puedo aceptar porque es inconstitucional’. No acepta el apoyo y le mandé un convenio para firmarlo para pagarle a las viudas y le dije cuesta 20 millones para pagarle hasta el último día de febrero, firmemos un convenio y yo le mando los 20 millones porque es un compromiso con el presidente López Obrador, hasta un periodicazo me sacó ahí que estoy incurriendo en presiones. No, lo que estoy haciendo es ayudar a que se pueda resolver un problema que compete al municipio”, indicó.

“No se hace, que no se queje de que las consecuencias pueden ser esas. Otra de las cosas era que él se define como un abogado experto para todo y sobre todo para la Constitución, le mandó recomendaciones la Comisión de Derechos Humanos y no las cumple porque él no puede recibir recomendaciones de alguien que no tiene la estatura de él de abogado. Él es presidente municipal antes que ser abogado y constitucionalista y lo que tú quieras, está obligado a atender las recomendaciones, la ley lo establece y si no lo hace la ley dice que el Congreso”.

Desobediencia

Los grupos sociales, entre ellos viudas de policías y policías retirados no son los únicos en contra del trabajo del alcalde, también se suman organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El último caso fue una recomendación donde se le solicitó ofrecer una disculpa a viudas de policías y sus hijos, luego de que el mandatario municipal expresara en un programa de televisión por internet que el movimiento tenía intereses particulares.

“Todos los perros tienen dueño”, dijo Estrada Ferreiro y lo retomó la CEDH.

La respuesta de Estrada Ferreiro fue una disculpa pública de manera forzada en una sesión de Cabildo, donde aclaró que no estaba de acuerdo, al asegurar que “él se dijo ofendido por algo que yo dije, lo dije o no lo dije le ofrezco una disculpa”.

“Las controversias, cuando voy a ir a una controversia constitucional que va en contra es una actitud que va en contra de un beneficio que se le va a dar a sectores de la sociedad: discapacitados y adultos mayores”, señaló el gobernador Rocha Moya.

“Eso se llama discriminación, claro que se llama discriminación y ya está tipificado el delito y también está tipificado el abuso de autoridad, si lo haces porque quiero hacerlo por mi responsabilidad porque es el que tiene que dar la orden descuéntese o no se descuente o tiene que dar la orden páguese o no se pague porque tú eres el Ejecutivo, pero estás abusando de tu autoridad porque de acuerdo con la ley debes hacer lo que te mandata”.

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó al Congreso el 27 de enero de 2022 sobre tres negativas del Alcalde por recomendaciones.

Las recomendaciones:

*Recomendación 11/2021, emitida el 11 de octubre de 2021 por violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica, ocasionada por la omisión de custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o dar seguridad a personas, así como por la prestación indebida del servicio público, en agravio de Diana Giselle Piña Padilla y José Alberto Piña Soto.

El 19 de octubre de 2021 el presidente municipal de Culiacán informó la no aceptación de la recomendación.

*La recomendación 16/2021, fue emitida el 15 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos del  honor y la seguridad jurídica, ocasionadas por las declaraciones públicas pronunciadas por el mismo presidente municipal.

Estas declaraciones lesionaron el honor y reputación de Mario Eduardo Kato, de viudas, familiares de policías que han perdido la vida en cumplimiento de  su deber y de policías jubilados.

El pasado 5 de enero, el citado alcalde informó a la CEDH la no aceptación de la resolución.

*La recomendación 18/2021 fue emitida en contra del Ayuntamiento de Culiacán el 16 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad pública, con motivo del incumplimiento de la obligación que le fue impuesta por el artículo 44 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en agravio de Jesús Javier Félix Cervantes.

El 7 de enero el alcalde Jesús Estrada Ferreiro informó a la CEDH la no aceptación de la recomendación.
La Ley Orgánica de la CEDH establece que de no cumplirse las recomendaciones, deberá reportar al Congreso local para que este solicite una comparecencia pública y se dé a conocer los motivos de las negativas.