Marcando distancia de intencionalidades políticas y sin permitir que el estatus autónomo de las instituciones de educación superior sea licencia para delinquir, en Sinaloa se requiere la revisión del modelo de universidades públicas para reencauzar la misión y razón de ser de éstas hacia la formación de profesionistas que a través de la excelencia académica posean conocimientos y destrezas que aporten al desarrollo humano en todos los sentidos.

El estado de cosas en los dos principales centros educativos que operan en Sinaloa enciende señales de alerta porque intereses y ambiciones enquistadas en las universidades pervierten la esencia de éstas al utilizar para beneficio de personajes o grupos lo que debiera estar dedicado sin menoscabos a lograr los sueños de jóvenes y sus familias consistentes en hacer de la educación de calidad el instrumento para acceder a mejores futuros.

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa se halla sujeta a procesos penales por presuntos desempeño irregular de la función pública, corrupción y abuso de autoridad, lo cual originó que su rector, Jesús Madueña Molina, fuera destituido del cargo y que 10 funcionarios de la institución estén vinculados a procesos, entre ellos quien ocupa supletoriamente la Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero.

En el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, que de manera ilegítima designó al nuevo rector, Pedro Flores, también es señalada de manejos anómalos del presupuesto, reparto indebido de plazas y de convertirse en agencia de colocaciones que benefició a familiares y allegados de la ex rectora Sylvia Paz Díaz Camacho, panorama que moviliza a trabajadores de la IES en exigencia de sanciones a dichos delitos.

Es tarea del Congreso del Estado, Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Anticorrupción y demás instancias de rendición de cuentas establecer sistemas que garanticen que cada peso destinado a la educación sea aplicado a tan alto cometido, sin desviarlos a actores o camarillas que acumulan fortunas en detrimento de la enseñanza pública.

Los funcionarios de la UAS y la UAdeO están obligados a implementar el gasto honesto de los recursos públicos y la transparencia, o de no hacerlo así pagar las consecuencias jurídicas correspondientes.