En plena era global de fortalecimiento de libertades y derechos humanos, nadie debiera sugerir siquiera el ataque a los órganos autónomos que pertenecen a los ciudadanos y son resultado de intensas luchas cívicas, mucho menos consumar tales pretensiones sin pagar ante tribunales y asambleas legislativas por actos que constituyen traición a las aspiraciones de la sociedad y violación a principios fundamentales de la Constitución.

En diferentes ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó en los días recientes por desaparecer instituciones que desde la independencia que poseen revisan el quehacer del gobierno y emiten pronunciamientos contra malos desempeños de la función pública, cayendo en la tentación el mandatario federal de los regímenes autoritarios que de un manotazo se asumen como poder único que disuelve lo que les resulta incómodo.

 

En el mismo sentido, quizá con el propósito de engordarle el cargo a su líder político nacional, el diputado del Movimiento Regeneración Nacional, Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, declaró que “sin duda la responsabilidad del Estado mexicano tiende a diluirse en algunos organismos autónomos” y se refirió en concreto a la Fiscalía General de Sinaloa cuya responsabilidad, considera, disuelve funciones del Ejecutivo estatal.

En dicho contexto, los ciudadanos recibimos el llamado a salir a defender aquellas instituciones que nacieron con el impulso cívico, venciendo las resistencias de gobernantes que obviamente operan mejor en las reglas del absolutismo. Estos baluartes ciudadanos no se tocan, presidente López y diputado Castro, llámense Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fiscalías nacional y estatales, comisiones de derechos humanos, entre otros.

Qué patético, además de las pérdidas cívicas que implica, que la izquierda política representada por Morena, que antes jugó al lado de los mexicanos para ganar estos espacios de contrapeso al gobierno, se adhiera ahora al planteamiento arbitrario de desaparecerlos que formula una sola persona, López Obrador, contra la voluntad del resto de la población.

 

Los estadistas fortalecen en vez de demoler los pilares fundamentales de los equilibrios, independencias y garantías.