A pesar de que la Ley de Participación Ciudadana contempla los mecanismos de plebiscito y referéndum para refrendar o remover en sus cargos a servidores públicos, con la norma de revocación de mandato que aprobó ayer el Congreso del Estado es el titular del Poder Ejecutivo el que resulta colocado bajo el escrutinio de los sinaloenses con propósitos de ampliarle o retirarle la confianza que la sociedad depositó en él al otorgarle el respaldo popular mayoritario.
Si bien es cierto que la posibilidad de anulación del período de gobierno espolea al gobernador en turno a esforzarse en rendir mejores resultados, la realidad demuestra que los políticos en el poder y los partidos que los llevaron a tales puestos públicos han perfeccionado sus instrumentos de control para evadir la destitución, aparte de que es difícil de reunir el requisito de que la solicitud la respalde el 10 por ciento de la lista nominal de electores.
El artículo 12 de la Ley de Participación ciudadana establece la figura del plebiscito como el acto conforme al cual los ciudadanos sinaloenses expresan su aprobación o rechazo a los actos, propuestas o decisiones del Poder Ejecutivo Estatal y ayuntamientos, y el artículo 25 de la misma norma instituye que el referéndum es el acto conforme el cual los ciudadanos sinaloenses opinan sobre la aprobación o rechazo de leyes estatales.
Es decir, bastaría con la legislación ya existente para que los gobernantes dejaran los cargos en caso de que la población los considere inaptos para llevar las riendas del estado y municipios, sin embargo, desde que se aprobó esta ley en 2012 ningún funcionario ni miembro del Congreso han sido sujetos a ésta, permaneciendo la normatividad en el papel y sin siquiera calarse en los hechos.
En lugar de más layes, las instituciones obligadas a aplicarlas necesitan mostrar voluntad en hacerlas valer dejando atrás la tolerancia y complicidad con gobernantes que se muestran seguros de que se mantendrán en el servicio público así llueva, truene o relampaguee.
Por ejemplo, si a mitad del gobierno a Mario López Valdez se le hubiera sometido a plebiscito en 2015 ¿cuánta afectación al erario, la gobernabilidad y la seguridad pública se hubiera evitado?
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