Con el diferimiento por cuarta ocasión del proceso judicial que acusa de abuso de poder a funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los indiciados dan elementos a tribunales y fiscales para que adopten medidas legales drásticas contra las recurrentes maniobras del ex rector Jesús Madueña Molina y quién lleva el control provisionalmente de la casa de estudios, Robespierre Lizárraga Otero, para entorpecer la acción de la justicia.

El abuso de poder que acusa la Auditoría Superior del Estado debido a que los directivos de la UAS impidieron la fiscalización de recursos públicos que ejerce la institución educativa transita al pantanoso terreno de lo legaloide con actitudes que aplazan la audiencia de imputación, sumando 21 ocasiones en que jueces de control difieren diligencias penales en lo que concierne a supuestos delitos cometidos por Madueña, Lizárraga y coacusados.

Al reincidir ayer en las tácticas dilatorias los imputados fueron advertidos por el juez de medidas que tomaría el Poder Judicial si es que en futuras audiencias, la próxima es el 13 de febrero, incurren en las mismas estrategias jurídicas tramposas. El tribunal declararía el abandono de la defensa de los enjuiciados y procedería a asignarles defensores de oficio como lo establece la ley, mientras que la Fiscalía General del Estado estaría en la posibilidad de solicitar que sean libradas las correspondientes órdenes de aprehensión.

 

Los funcionarios de la Universidad acusados de delitos de desempeño irregular de la función pública, abuso de poder y corrupción se han concentrado en cómo ralentizar la labor de los tribunales con el propósito de evitar el inicio de los juicios donde la Fiscalía presentará las pruebas y los procesados tendrán la oportunidad de rebatirlas, aunque la actitud de los abogados defensores parece anticipar que carecen de recursos legales para sacar bien librados a sus clientes.

En el tratamiento de hechos delictivos que le causan daños a la sociedad, como en el caso de la UAS y el posible mal uso de dinero etiquetado para la educación, la justicia no debiera conceder demoras porque el tiempo ganado por los desfalcadores opera para que prosigan los desfalcos en detrimento de la enseñanza pública pertinente y de buena calidad.

A quienes violan la ley y al mismo tiempo intentan burlarse de la justicia las autoridades judiciales deben responder a acortarles los plazos de impunidad, con mano firme en el debido proceso.