A una semana del accidente carretero ocurrido el 30 de enero por la maxipista Mazatlán-Culiacán, en el que perdieron la vida 23 personas, no existe claridad de las acciones posteriores implementadas tales como la indemnización a las víctimas, peritajes que indiquen si la causa del percance fue por el mal estado de la autopista, acciones para prevenir la repetición de este tipo de hechos y los procedimientos de sanción a quienes resulten responsables.
Fieles a la costumbre de dejar pasar el tiempo y esperar la siguiente tragedia para activarse de nuevo en la toma de medidas, las autoridades que tienen competencia en el choque entre el autobús de pasajeros y el tráiler, y las que incurren en omisiones en la vigilancia y mantenimiento de las carreteras, le apuestan a que la ciudadanía olvide y deje de ser el único elemento de presión para que la ley sea aplicada.
Al reclamo generalizado para que la mal llamada maxipista preste servicios acordes a los altos peajes que aplica, se agregó el fin de semana la movilizaciones de transportistas de carga en exigencia de seguridad en las vías terrestres de comunicación que son tomadas por grupos delictivos que causan pérdidas cuantiosas a las empresas del ramo, brillando por su ausencia la Guardia Nacional División Caminos.
El Gobierno de Sinaloa, a cuyo cargo está la seguridad de la población, sigue exhortado a mantener la ley por encima de cualquier interés particular o grupal definiendo líneas de gestión que eviten que las carreteras y autopistas se convierten en trampas letales para lo usuarios y también para regular el transporte de pasajeros en el sentido de que haya respuestas inmediatas a quienes resulten afectados por desgracias como la que acaba de suceder.
Si la lentitud en las definición de responsabilidades y en la respuesta a los que resultaron heridos o fallecidos delata la poca voluntad del gobierno y de los empresarios con obligación reparadora de daños, entonces nada ni nadie está actuando para evitar que accidentes y tragedias similares se presenten en Sinaloa alentadas por la protección que se les otorga a los presuntos implicados en hechos lamentables como los del 30 de enero.
Todo indica que a las autoridades omisas y los concesionarios negligentes le tocará echarle la última palada de impunidad a los muertos del carreterazo.
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