Culiacán, Sin.-Hace una semana ocurrió un hecho trágico que cimbró a Sinaloa: 23 personas murieron en un accidente de autobús y otras 22 más resultaron heridas en la carretera Mazatlán-Culiacán, a la altura de la ciudad La Cruz de Elota.

¿Qué sucedió? A la fecha ninguna autoridad ha sido capaz de responder esa incógnita, solo que el autobús 502 de la línea Autotransportes del Norte de Sinaloa se estrelló contra un tráiler que supuestamente se volcó en el kilómetro 107 de la carretera Mazatlán-Culiacán.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, dijo en conferencia de prensa que esa historia aún se debe verificar, lo mismo que una serie de preguntas que hoy permanecen sin una explicación.

“¿Cuánto tardaron en llegar los cuerpos de rescate?”, se preguntó y luego echó otro cuestionamiento:  ¿Hay bitácora de la volcadura del tráiler?

Esta serie de preguntas surgieron luego de que se cuestionara sobre los permisos y licencias del autobús para poder transportar pasajeros.

“Hay un tema ahí que tiene que ver con la duración de las concesiones”, mencionó el gobernador.

ESPEJO documentó que la línea Autotransportes de Sinaloa ha sido protagonista de por lo menos ocho accidentes similares en los últimos tres años, provocando la muerte de por lo menos 25 personas y las heridas de otras 74.

En todo este tiempo los accidentes han sido ocasionados por dos factores: exceso de velocidad y fallas mecánicas por falta de mantenimiento.

Hay otra incógnita que sigue sin aclararse: ¿La línea de autotransportes tenía permiso para recoger a personas en el camino?

Esta última pregunta es clave, de acuerdo con el Gobierno de Sinaloa. El Instituto Estatal de Protección Civil informó que este autobús registró 37 pasajeros en la ciudad de Guadalajara la noche del 29 de enero, pero en su paso recogió a más personas sin darles un boleto oficial ni darlos de alta en el sistema de la línea. La cifra preliminar era de ocho personas más, aunque la Fiscalía General de Sinaloa luego reveló que al final habían sido 45 personas las que viajaban, incluyendo a dos choferes.

Desde el 30 de enero se sostienen reuniones con la Fiscalía General, la empresa, el gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues esta última es la que regula los permisos de transportes de pasajeros, así como la que debe supervisar el estado de las carreteras y los reportes de accidentes. Esta última dependencia debe rendir un informe, pues a partir de ese se deberán repartir responsabilidades.

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