Por encima de la versión de gobernantes sobre la violencia de alto impacto en Sinaloa o la explicación que la delincuencia ofrezca sobre los delitos que comete, está la verdad jurídica que le corresponde aportar a la Fiscalía General del Estado con base a indagatorias que sustenten lo que sucedió en Culiacán durante el 22 de marzo al ser privadas de la libertad familias enteras, afectando a 66 personas de las cuales 8 continúan desaparecidas.
Juzgar a priori o anticipar hipótesis es tan irresponsable como la gran cantidad de conjeturas que se realizan a través de las redes sociales y que están fundadas en el morbo que confunde a la ciudadanía, agregando mayor intranquilidad a la que de por sí generan los eventos criminales que trastocan la paz pública y aparte tejen enredos donde la delincuencia sale bien librada y las víctimas resultan ser las culpables de todo.
Hasta el momento flotan dos suposiciones sobre la acción criminal donde todavía falta localizar a personas agraviadas: la que aportó ayer el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, en el sentido de que “pudo existir una situación de robo dentro de un grupo delincuencial” y los mensajes supuestamente difundidos por una célula del cártel de Sinaloa advirtiendo que “esto le va a pasar todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarles a sus casas”.
En ambas elucubraciones existe la intención de dar por cerrado el caso a pesar de que el Ministerio Público no ha concluido o tal vez no ha realizado las pesquisas mediante las ciencias en criminalística, lo cual se traduce en que la fiscal general Sara Bruna Quiñónez omita dar a conocer los resultados ocasionando vacíos de información que tratan de llenar las autoridades y los delincuentes al implantar realidades aún no respaldadas por la verdad oficial.
Entonces la exigencia debe enfocarse hacia la FGE antes de que adquiera carácter de autenticidad lo que suponen gobierno y narcotráfico ocurrió y tales presunciones justifiquen a los que a todas luces violentaron derechos fundamentales e inculpen a aquellos que fueron extraídos de sus hogares para ser puestos a disposición de delincuentes.
La veracidad debe depositarse en la Fiscalía y la credibilidad debe ganársela según sean las pruebas que presente.
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