En caso de confirmarse que el reporte de desaparición que hace el Partido Sinaloense sobre su candidato a Regidor de Culiacán, Luis Alonso García Corrales, corresponde a un hecho de delincuencia política, entonces marcará el mal arranque de las campañas locales que iniciaron ayer en Sinaloa los aspirantes a diputaciones del Congreso del Estado, presidencias municipales y regidurías.

Para saber si se trata de la privación de la libertad como parte de los delitos consuetudinarios que se multiplican, o bien la intención del ilícito lleva la premeditación de dañar al candidato y su partido, las autoridades competentes están obligadas a realizar la investigación con el mayor rigor y transparencia posibles, localizando y poniendo a salvo a las víctimas, pues también se halla en calidad de desaparecido otro activista del PAS.

Cualquier elemento de inseguridad que enturbie las campañas que iniciaron este día exige que la ley domine, trátese de quien se trate en cuanto a las autorías materiales e intelectuales, pues de lo contrario se instalará en Sinaloa igual atmósfera de miedo asociado al desarrollo del proceso electoral, la cual ya existe en el resto del territorio nacional y muy recientemente en Guanajuato con el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

También a los partidos políticos les corresponde mantener composturas adecuadas ante sucesos de violencia en tanto se determinan circunstancias y motivaciones, sin esparcir el pánico que aleje a los electores de las casillas de votación. La exigencia de justicia, desde el primer momento del conocimiento de la comisión de delitos, tiene que ir acompañada de la prudencia que evite sacarle utilidad electoral a circunstancias en las cuales se hallan en peligro vidas humanas.

Todos los factores y actores que intervienen en la votación que se realizará el próximo 2 de junio están convocados a cuidar el buen desempeño del sistema democrático nacional y estatal, prioridad que está por encima de apetitos de poder y estrategias prefabricadas para forzar la emisión del sufragio a favor de uno u otro bando. Y sobre todo a las instituciones de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia les compete la actuación rápida y creíble ante situaciones que puedan afectar el libre albedrío de los ciudadanos al determinar los gobiernos que desean.

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