El Índice de Paz México encontró una mejora sustancial en la seguridad y la paz para Sinaloa en los últimos cinco años, pero también un problema nuevo: el consumo de fentanilo.

En la edición 2023 del Índice señala que “desde 2015, 11 estados han registrado mejoras en el impacto económico de la violencia, con una mejora promedio del 21.5 por ciento. Los cinco estados que más mejoraron en paz en los últimos ocho años (Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Guerrero y Coahuila) vieron caer el impacto económico de la violencia en un promedio de 30.3 por ciento”.

La medición sobre el gasto se ha hecho respecto al número de compras y uso de recursos públicos para programas y operativos, así como en la contratación de personal en seguridad pública. Para 2023, el gasto promedio por persona fue de 27 mil 713 pesos.

El problema de la seguridad, sin embargo, no ha sido resuelto. El Índice de Paz reveló que hay una incidencia importante sobre el mercado de las drogas ilícitas, relacionado profundamente con el comportamiento de consumo en Estados Unidos.

“El mercado de la marihuana ilícita en los Estados Unidos siguió cayendo, lo que llevó a una dependencia cada vez mayor de otras formas de delincuencia organizada, como la extorsión, el narcomenudeo, y la fabricación y el tráfico del opioide sintético fentanilo”, se señaló en el Índice de Paz 2023.

 

“En este contexto, ha habido una mayor competencia en los últimos años entre los grupos de la delincuencia organizada. Este es especialmente el caso de los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, que están en conflicto por las rutas críticas de distribución a los Estados Unidos, así como por el control de las organizaciones delictivas locales”.

La relación con Sinaloa es importante, es en este estado donde se tiene una relación sobre la producción y manufactura de la droga sintética.

De manera normal, el fentanilo debería ser usado para fines médicos, sobre todo para el tratamiento del dolor agudo, pero los efectos de ese medicamento llamaron la atención para el mercado ilícito, sobre todo tras el uso indebido en Estados Unidos, con farmacéuticas que provocaron una crisis de consumo en productos sin receta y con estudios hechos de una forma irregular.

Esa crisis fue aprovechada por el mercado ilícito, con grupos criminales que desarrollaron fórmulas y estrategias para producir fentanilo y venderlo en las calles de Estados Unidos de forma ilegal.

El resultado: más de 100 mil muertes durante 2013 por sobredosis en ese país.

El efecto siguiente fue una campaña de persecución desde dependencias estadounidenses contra esos grupos productores en México, donde se ha encontrado algo más: los consumidores locales han incursionado también en el fentanilo. 

“Al igual que en los Estados Unidos, también ha habido un fuerte aumento en el número de sobredosis de fentanilo en México en los últimos años, aunque la escala del problema es mucho menor. Entre 2019 y 2021, la cantidad de personas tratadas por sobredosis de fentanilo en México aumentó en un 636 %”, se lee en el Índice de Paz.

“La mayoría de esas sobredosis ocurrieron en Sonora, Baja California y Sinaloa, que en conjunto representaron 115 de los 184 casos experimentados a nivel nacional.76 Tanto Baja California como Sonora son estados fronterizos, mientras que Sinaloa es la base del Cártel de Sinaloa y un punto principal de producción de fentanilo”.

 

Solo datos de la Secretaría de Salud revelaron que durante 2013 hubo cuatro atenciones de pacientes por consumo de fentanilo, así como dos muertes registradas a causa de sobredosis.

Una de las muertes es un niño de 1 año, quien falleció en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, de acuerdo con solicitudes de información.

Otros casos fueron atendidos en el Hospital Integral del Valle de San Lorenzo, en el Hospital General de Guasave y en el Hospital General de Guamúchil.

Los datos corresponden únicamente a casos confirmados, pues de acuerdo con la Secretaría de Salud de Sinaloa, no se cuenta con los reactivos necesarios para evaluar a pacientes que llegan a hospitales públicos con síntomas similares a intoxicación por fentanilo.

Es decir, existe un subregistro que no ha sido posible resolver.

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